Fuerzas israelíes avanzaron este martes contra al menos dos instalaciones de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA), demoliendo su sede en el barrio de Sheikh Jarrah, en Jerusalén Este.
Roland Friedrich, director del grupo en Cisjordania, calificó la acción como una violación del derecho internacional que garantiza la protección de las instalaciones de la ONU.
La demolición de la sede de #UNRWA en Jerusalén Este es gravísima: viola la inmunidad de la ONU y normaliza la anexión de territorio ocupado. Demoler edificios no borra los derechos de la comunidad refugiada de Palestina ni el compromiso de UNRWA con ella. pic.twitter.com/H7L5HxzNQN
— UNRWA.es (@UNRWAes) January 20, 2026
El personal no trabajaba en la sede desde hace casi un año debido al peligro y la incitación, pero las fuerzas israelíes confiscaron dispositivos y expulsaron a la seguridad privada contratada para proteger el recinto. Friedrich señaló que lo ocurrido “es la culminación de dos años de incitación y medidas contra la UNRWA en Jerusalén Oriental”.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel justificó la demolición aplicando una nueva ley que prohíbe a la UNRWA, argumentando que Israel es propietario del sitio y rechazando las afirmaciones de violación al derecho internacional. Israel acusa a la agencia de tener un sesgo antisemita y de mantener vínculos con grupos milicianos, incluido Hamás, acusaciones que no ha podido probar.
For the first time in the history of the United Nations.
— Mohamad Safa (@mhdksafa) January 20, 2026
Israel takeover of UNRWA headquarters in Jerusalem and raised its flag over the building.
This violates Article 52 of Additional Protocol (I) Geneva Conventions and the UN Charter, which stipulates that “The property and… pic.twitter.com/uhROc3qfEJ
El mandato de la UNRWA es proporcionar ayuda y servicios a unos 2.5 millones de refugiados palestinos en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, además de a 3 millones más en Siria, Jordania y Líbano.
Sus operaciones se redujeron el año pasado cuando el Knéset israelí aprobó una legislación que cortaba lazos y prohibía su funcionamiento en lo que define como Israel, incluyendo Jerusalén Este.
El secretario general de la ONU, António Guterres, exigió a Israel que cese “inmediatamente” la demolición y devuelva el complejo, afirmando que “este recinto es inviolable e inmune a cualquier otra forma de interferencia”.
