El Congreso de Puebla dará prioridad a la reforma enviada por el gobernador Alejandro Armenta para endurecer las penas por el delito de despojo.
El objetivo es desmantelar las redes que, mediante falsificaciones y actos simulados, roban propiedades a los sectores más vulnerables.
El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Pável Gaspar Ramírez, indicó que la iniciativa de reforma al Código Penal busca que el despojo de propiedades deje de ser un delito “menor” para convertirse en una falta grave.
En ese sentido, precisó que las penas base irán de 6 a 12 años de cárcel; quienes financien o dirijan estas redes enfrentarán de 7 a 15 años de prisión. Además, prevé sanciones que van desde los 11 mil hasta los 175 mil pesos.
La propuesta pone especial énfasis en proteger a quienes han sido el blanco principal del Cártel Inmobiliario en Puebla, como adultos mayores, personas con discapacidad y comunidades indígenas.
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El coordinador de la bancada de Morena destacó que la reforma busca combatir la corrupción institucional, ya que se han identificado al menos 10 notarías vinculadas a procesos fraudulentos.
Asimismo, se plantea que servidores públicos que participen en la simulación de actos de propiedad o faciliten información ventajosa enfrentarán inhabilitaciones y procesos penales.
“Lo que se propone es cuidar a las víctimas vulnerables: niñas, niños, personas de la tercera edad, compañeras y compañeros indígenas del abuso que existió para defraudar a los poblanos. Para el Congreso del Estado es prioridad”, comentó Gaspar Ramírez.
La iniciativa del gobernador fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, por lo que se espera su dictaminación y aprobación en el Pleno en las siguientes semanas.
Editor: César A. García
