Más de 60 países firmaron en Hanói un tratado de la ONU para reforzar la cooperación internacional contra la ciberdelincuencia, con el objetivo de definir y criminalizar delitos digitales como el ransomware, el fraude transnacional y la difusión no consentida de imágenes íntimas. La ONU presentó la firma como un avance hacia defensas colectivas más sólidas y anunció que el acuerdo incluye asistencia técnica y programas de capacitación para las investigaciones cibernéticas.
Organizaciones de derechos humanos y grupos del sector tecnológico criticaron el texto, señalando que definiciones amplias podrían facilitar la vigilancia masiva y la restricción de libertades en línea si son aplicadas por gobiernos con historial represivo. Esas voces exigen salvaguardas claras sobre privacidad y libertad de expresión para evitar interpretaciones que criminalicen la disidencia o el periodismo en internet.
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El tratado deberá ser ratificado por los Estados firmantes para entrar en vigor, y varios países anunciaron intención de acelerar sus procesos internos de aprobación. Expertos legales advierten que la efectividad dependerá de las cláusulas nacionales sobre protección de datos, garantías procesales y la existencia de mecanismos de supervisión independientes que aún deben concretarse.
La medición del impacto del acuerdo, según analistas, no solo dependerá de su adopción formal, sino de cómo se implementen los controles y supervisiones nacionales. Mientras tanto, la comunidad internacional enfrenta el reto de convertir un marco jurídico común en prácticas que persigan la ciberdelincuencia sin socavar derechos básicos en línea.
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