En el estado de Puebla existen cerca de 237 mil niñas y adolescentes que son víctimas de cohabitación forzada, con matrimonios arreglados o relaciones extramaritales, reveló la diputada local del Partido Verde, Norma Pimentel Méndez.
En conferencia de prensa este martes, la legisladora detalló que la capital poblana y las zonas serranas, bajo el cobijo de usos y costumbres, concentran la mayor cantidad de casos.
Apuntó que, de acuerdo con el Censo 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las víctimas abarcan a mujeres de entre 12 y 17 años.
Las menores declararon vivir en matrimonio formal, unión libre o cohabitación obligada tras una negociación o acuerdo entre terceros.
La legisladora alertó que este problema no es exclusivo de las comunidades rurales lejanas, pues Puebla capital se ubica dentro de los 10 municipios del estado con mayor incidencia.
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No obstante, reconoció que al interior del estado, particularmente en las regiones de la Sierra Norte y la Sierra Negra, es donde se presenta el mayor número de menores afectadas, debido a prácticas socioculturales arraigadas.
Ante este panorama, la diputada subrayó la importancia que tiene la reforma aprobada por el Pleno del Congreso local el pasado 21 de mayo, con la cual se tipificó el delito de cohabitación forzada para dar herramientas legales a las autoridades y castigar penalmente a los agresores.
“Las penas parten desde los 8 hasta los 15 años de prisión a quien obligue, coaccione, induzca, solicite, gestione u oferte a una o varias personas menores de edad a unirse de manera informal, con o sin su consentimiento”, expresó Pimentel Méndez.
Además, precisó que la ley contempla agravantes que incrementan el castigo hasta un máximo de 22 años de cárcel en caso de que la víctima pertenezca a un pueblo originario o comunidad indígena, o bien, si el victimario posee una relación de parentesco, tutela o custodia.
Editor: César A. García
