El Congreso de Puebla pospuso la aprobación de la iniciativa del gobernador Miguel Barbosa Huerta que sanciona hasta con seis años de cárcel a los servidores públicos que contraten a policías municipales que no cuenten con certificaciones.
Aunque el dictamen que reforma el Código Penal del Estado sería votado este jueves en el Pleno del Poder Legislativo, la Junta de Gobierno y Coordinación Política emitió una solicitud para que el punto fuera retirado del orden del día.
El presidente, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, explicó que la determinación obedece a un acuerdo de la Comisión Nacional de Gobernadores (Conago), la cual determinó que los ayuntamientos tienen hasta el 31 de mayo del 2024 para tramitar los Certificados Únicos Policiales.
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En ese sentido, refirió que la iniciativa que fue enviada por el gobernador Miguel Barbosa iría en contra de dicho acuerdo, por lo que determinaron aplazar la discusión y aprobación del tema, una vez que concluyan los plazos establecidos a nivel nacional.
Sin embargo, el coordinador de la bancada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) refirió que los presidentes municipales están obligados a certificar a sus policías para evitar posibles incidentes.
Refirió que ha pasado más de un año desde que entraron en funciones los actuales gobiernos municipales, por lo que –dijo– ya no hay pretexto para que cumplan con las disposiciones legales que también incluyen los exámenes de control y confianza.
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“Ya tuvieron un año para cumplir con sus obligaciones, y si no empezamos nunca vamos a terminar. Necesitamos que nuestras familias estén en manos de profesionales que tengan las certificaciones adecuadas y que esto genere certeza para las familias”, comentó.
La propuesta fue aprobada el pasado 7 de diciembre en comisiones unidas, con la finalidad de sancionar hasta con seis años de cárcel a los alcaldes y servidores públicos que contraten a elementos que no tengan el Certificado Único Policial.
Además se plantearon penas de hasta de siete años para las personas que aceptaran el empleo sin contar con los registros correspondientes, esto con la finalidad de evitar la contratación de policías vinculados a grupos delincuenciales.
Por Vera Fernández
Editora: Brenda Balderas
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