El Congreso de Perú aprobó con 122 votos a favor y ocho en contra la vacancia de la presidenta Dina Boluarte, invocando su “incapacidad moral permanente” para continuar en el cargo. La moción, presentada en cuatro propuestas simultáneas, se debatió y votó en cuestión de horas, sin que la mandataria asistiera al hemiciclo para ejercer su defensa.
Esta destitución marca la séptima transición presidencial en Perú desde 2016; tres mandatarios han sido destituidos, dos renunciaron antes de un juicio político y uno completó un interinato tras la salida de su antecesor. La frecuencia de estos cambios ha profundizado la percepción de inestabilidad institucional en el país.
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Las reacciones ante la vacancia fueron divididas. La oposición festejó la medida como un paso necesario para recuperar la gobernabilidad, mientras organizaciones civiles y de derechos humanos advirtieron sobre el riesgo de agravar la fractura social. A las afueras del Congreso, manifestantes exigieron mayor seguridad y justicia frente al avance del crimen organizado.
Con el calendario electoral a la vista, el gobierno interino enfrenta el reto de consolidar un gabinete capaz de controlar la inseguridad y garantizar un proceso transparente. Analistas coinciden en que, más allá del relevo en Palacio, Perú requiere un plan de largo plazo que fortalezca sus instituciones y responda de manera efectiva a las demandas ciudadanas.
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