A nadie debe molestar la reforma al Poder Judicial de Puebla, afirmó el gobernador Miguel Barbosa Huerta al enfatizar que la iniciativa no tiene el propósito de destituir a magistrados, los cuales seguirán en funciones por el tiempo que fueron electos, salvo que incumplan con sus obligaciones.
Tras enviar al Congreso de Puebla el paquete de reformas constitucionales para modificar la estructura del Poder Judicial, el mandatario enfatizó que se busca generar una evolución para que quienes se encargan de impartir justicia sean vistos como verdaderos servidores públicos y que se asuman como tal.
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Aseguró que los magistrados permanecerán en su cargo por el tiempo que fueron designados, de acuerdo a la Ley aplicable de ese momento, por lo que después de la reforma ninguno dejará de pertenecer al órgano jurisdiccional.
Sostuvo que se busca el fortalecimiento al sistema judicial en Puebla, por ello se establecen mecanismos para evaluar el desempeño de los integrantes del Poder Judicial y en su caso promover la destitución de magistrados, como ya existe a nivel federal.
Destacó que la reforma tampoco anula al Poder Judicial, ni lo hace dependiente del Ejecutivo y Legislativo, ya que lo pone en igualdad de condiciones al contar con medidas que hagan a sus integrantes cumplir con sus obligaciones y perder su cargo en caso de que incumplan.
Pide a magistrados apoyar iniciativa
Barbosa Huerta mencionó que es necesario acabar con los círculos de privilegio que existen entre los magistrados, quienes entre sus reglas evitan ser vistos en reuniones con empresarios en lugares exclusivos y ostentosos.
Por ello, exhortó a todos los magistrados a apoyar las modificaciones, pues no es en agravio a ellos y plantea el bienestar de la sociedad en su conjunto, así como a cumplir con el nuevo marco legal cuando entre en vigor después de ser avalado por los diputados locales.
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Asimismo, indicó que para 2023 habrá un aumento considerable al presupuesto del Poder Judicial, para la instalación de la Sala Constitucional y la adición de Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), destacó que desde su llegada a la administración estatal se ha dotado de mayores recursos al órgano jurisdiccional.
Incluso mencionó que en 2019 tenía un presupuesto de 550 millones de pesos aproximadamente, cifra que para 2022 subió a 980 millones de pesos, es decir, 47 por ciento más.
Por Alejandra Olivera
Editora: Brenda Balderas
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