En Puebla, sólo tres personas han sido inscritas en el Registro Nacional de Deudores Alimentarios, debido a los vacíos que se conservan en la ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, la cual no especifica si un juez puede ordenar el registro a quien incumplan con una pensión provisional, por lo que sólo aplica como criterio cuando ya es definitiva.
Así lo explicó en entrevista para Oro Noticias la activista Gabriela Rosas, fundadora de la Colectiva por el Derecho al Cuidado y a una Vida Libre de Violencia.
“Lo que está pasando es que los requisitos que se piden para inscribir a personas deudoras alimentarias no es que sean ambiguos es que muchas veces los jueces prefieren que ya tengamos una sentencia completamente firme en una pensión alimenticia, aunque el Código marca que un deudor alimentario es aquel que debe una pensión provisional”, explicó.
Gabriela indicó que conseguir una sentencia definitiva es muy difícil de lograr, debido a que los juicios se alargan y varias mujeres que están al cuidado de menores viven con la resolución de una pensión provisional.
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En Puebla sólo 3 personas han sido inscritas en el Registro Nacional de Deudores Alimentarios, pues no especifica si un juez puede ordenar el registro a quien incumpla con pensión provisional, y sólo aplica como criterio cuando es definitiva, explicó la activista Gabriela Rosas. pic.twitter.com/MKCiz1I1b0
— ContraReplica Puebla (@ContraReplicaPu) December 31, 2025
La activista compartió que en la colectiva que ella representa un caso estuvo a punto de llegar al Registro, sin embargo, el deudor llegó a un acuerdo.
“Si bien es una herramienta que en su momento se celebró, no ha mostrado su efectividad, sí han llegado algunos, pero ha sido complejo para las madres obtener la aprobación de los juzgados”, declaró.
Por lo anterior, dijo que es necesario modificar la ley, acción que ya se encuentra en análisis en la Cámara de Diputados y que esperan acelere este proceso.
Asimismo, denunció que han incrementado los obstáculos para denunciar violencia económica y vicaria, buscan disuadir a las mujeres para que no denuncien al decirles que “van a meter a la cárcel a los padres de sus hijos” y otras frases revictimizantes.
Por lo anterior consideró que este año quedan varios pendientes para combatir la violencia contra las mujeres en el estado, además que sigue sin aplicarse en las resoluciones judiciales el interés superior de la niñez.
Editor: Renato León
