El Poder Judicial de Perú condenó al expresidente Pedro Castillo a más de 11 años de prisión por el intento de disolver el Congreso y promover un golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022; la sentencia incluye inhabilitación para ejercer cargos públicos.
El tribunal que conoció el caso determinó que Castillo cometió el delito de conspiración para la rebelión y le impuso una pena de 11 años, 5 meses y 15 días, tras un proceso con múltiples audiencias y pruebas presentadas por la Fiscalía y la defensa.
La resolución alcanzó también a varios exfuncionarios que participaron en el episodio; entre los condenados figuran la exprimera ministra Betssy Chávez y el exministro del Interior Willy Huerta.
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En el caso de Chávez se ordenó su captura tras encontrarse asilada en una embajada; el fallo cerró meses de investigación y audiencias que analizaron la coordinación detrás del autogolpe fallido.
Analistas y sectores institucionales interpretan el fallo como un mensaje para la protección del orden constitucional, mientras que simpatizantes de Castillo y algunos grupos críticos denunciaron motivaciones políticas en el proceso.
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