La rumorología es altamente dañina, intoxica el ambiente social, nubla el juicio de las personas y es causante de crímenes atroces.
Otra vez una turba enardecida asesinó a un inocente. La confusión ocurrió la noche del viernes en Huauchinango, donde únicamente dos policías municipales intentaron contener a un grupo de 200 personas que acusó, sin pruebas, a Daniel Picazo González de “robachicos”.
¿Quién era Daniel?, un abogado de 31 años de edad y asesor del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados. Junto a otra persona habría realizado un viaje turístico, pero al perder la ruta de regreso llegaron a la localidad de Papatlazolco donde ocurrió el acto de brutalidad.
¿Qué se sabe de su acompañante? Logró escapar del infierno en el que convirtieron una cancha deportiva donde mataron a golpes a Daniel y posteriormente prendieron fuego a su cadáver. La intervención de las fuerzas de seguridad fue tardía. El linchamiento había sido consumado cuando la gente cerró los accesos a la comunidad.
¿Qué detonó la barbarie? Un presunto mensaje de WhatsApp alertando semanas previas a la población sobre la presencia de gente sospechosa. ¿Fue justicia por mano propia? No. Fue un crimen que obliga a la Fiscalía General del Estado y al Poder Judicial a actuar con celeridad para identificar, localizar, detener, juzgar y sentenciar a todos los participantes; aquellos que a puñetazos y a patadas mataron a Daniel, así como a los responsables de arengar o atestiguar el hecho.
Daniel es otra víctima de una sociedad torcida que se siente con el derecho de perdonar o cegar una vida con violencia extrema. Al menos en la última década hemos conocido historias similarmente aterradoras en Puebla.
En el municipio de Ajalpan, Abraham y David Copado Molina –dos hermanos encuestadores que levantaban un censo sobre el consumo de tortillas– fueron acusados de secuestrar a una menor de edad. No tardaron en esparcirse los rumores y, sin importar la protección de la policía al comprobarse su identidad, fueron sustraídos de los separos, llevados a la plaza pública, golpeados y quemados vivos en el año 2015.
En Acatlán de Osorio, Alberto de 43 años y su sobrino Ricardo de 22 años fueron quemados vivos en agosto de 2018, acusados del levantón de dos niños en la localidad de San Vicente Boquerón. El pecado fue sentarse a beber frente a una escuela; y, sin oportunidad a demostrar su inocencia, dos personas incitaron a sacarlos de los separos de la policía, golpearlos, rociarles gasolina y quemarlos vivos. La barbarie fue transmitida en redes sociales en tiempo real.
En Yehualtepec, cuatro presuntos delincuentes fueron golpeados y quemados frente a la comandancia por un grupo de personas que atendieron el repique de las campanas de la iglesia para acompañar a los verdugos.
En agosto del 2020, un hombre fue linchado en la comunidad de San Marcos Tlacoyalco en el municipio de Tlacotepec de Benito Juárez. La historia se repitió: Arrebatado de los separos de la policía, golpeado salvajemente y quemado vivo. Nuevamente en las redes quedó grabado el crimen con cientos de vistas. Junto con la víctima, otro hombre y una mujer fueron acusados de robo.
¿Hasta cuándo dejarán de matar a inocentes y/o delincuentes? Difícil saberlo, pero es urgente acelerar la capacitación de los policías municipales en los protocolos de respuesta rápida y efectiva ante linchamientos, mayor contundencia en las áreas de seguridad pública, órganos de investigación y judiciales que garanticen acompañamiento a las víctimas de los delitos así como castigo a los responsables. Con cero impunidad la gente volverá a confiar en sus autoridades.
Por Patricia Estrada
