La fiscalía de Puebla anunció que presentará una queja ante el Consejo de la Judicatura del estado contra un juez de control que ha aletargado diversos procesos contra los dos detenidos por el homicidio calificado del periodista Marco Aurelio Ramírez en Tehuacán.
Además, señaló que hay una denuncia en la fiscalía anticorrupción por presuntos hechos con apariencia de delito debido a su comportamiento, hecha por su hija, quien denunció el comportamiento del juez Gabriel Pérez durante el proceso legal.
El fiscal Especializado en Derechos Humanos, Ulises Sandal Ramos, relató que desde la detención de José Francisco N., por delitos contra la salud el 31 de mayo del año en curso y vinculado a proceso hasta el 7 de junio, el ministerio público pidió fecha y hora para una audiencia en la que imputaría el delito de homicidio calificado del periodista.
El juez fijó el 23 de junio para la audiencia, sin embargo, un día antes notificó a la FGE que sería diferida por “problemas en su agenda”, sin fijar nueva fecha. Por ello, la FGE pidió de nuevo fecha y hora, pero no recibió respuesta.
El 3 de julio volvió a solicitar la audiencia y notificó a la presidencia del Consejo de la Judicatura del estado para la atención del caso, por lo que al día siguiente el juez de control les notificó que la audiencia se llevaría a cabo el 2 de agosto, casi un mes después de la solicitud.
El juez cambió la fecha y la adelantó sin justificación para el 12 de julio, en la que ya fue vinculado a proceso por homicidio calificado.
El 4 de septiembre, detuvieron a Jesús Armando N., el segundo implicado en el asesinato de Marco Aurelio, por los delitos de portación de arma de fuego y contra la salud, por lo que fue vinculado a proceso el 13 de septiembre por el mismo juez de control.
Ese mismo día, el ministerio público solicitó audiencia para imputarle el delito de homicidio calificado, por lo que el juez señaló el 27 de septiembre para llevarla a cabo.
El 21 de septiembre, el MP pidió al juez informarle quién sería la defensa del imputado para darle la carpeta de investigación, sin embargo, el 27 de septiembre decidió suspender la audiencia para poder otorgarle las copias e “inusitadamente” otorgó 10 días para ello.
En este sentido, multó al MP a quien le atribuyó la omisión de no entregar las copias de la carpeta de investigación, aunque este le había pedido la información al juez, lo cual nunca respondió de manera oficial.
El juez en dicha audiencia pidió que se iniciara un procedimiento de investigación administrativa en contra del ministerio público, no otorgó el uso de la voz a los intervinientes en la audiencia, lo cual el fiscal consideró que vulnera los principios jurídicos del sistema penal.
Sandal Ramos agregó que la Fiscalía General del Estado todavía busca al tercer implicado en el asesinato y destacó que las víctimas indirectas tienen medidas de protección vigentes.
Por: Guadalupe Juárez
Editor: Guillermo Leal
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