La Corte Suprema de Brasil ordenó este viernes 30 de agosto, la suspensión “inmediata” de la red social X en el país, después de que el magnate Elon Musk incumpliera la orden de nombrar, en un plazo de 24 horas, un representante legal de la plataforma en dicho país.
El juez Alexandre de Moraes dictó que la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel, órgano regulador) “adopte inmediatamente todas las medidas necesarias” para hacer efectiva la decisión “en todo el territorio nacional”.
Esta medida surge en medio de una tensión entre Musk y las autoridades brasileñas, por “el incumplimiento de órdenes judiciales” por parte de X y por la “tentativa de no someterse al ordenamiento jurídico brasileño” con la intención de “instituir un ambiente de total impunidad y de tierra sin ley”.
Según el magistrado, X está siendo además “instrumentalizada” por “grupos extremistas” mediante la “masiva divulgación de discursos nazis, fascistas, antidemocráticos y de odio” en vísperas de las elecciones municipales, que se celebrarán en octubre.
El dueño de X, reaccionó a la resolución asegurando que un “pseudojuez” está “destruyendo” la democracia con fines políticos.
“La libertad de expresión es la base de la democracia y un pseudojuez no electo en Brasil la está destruyendo con fines políticos“, escribió Musk.
De acuerdo con un grupo de estudios de mercado, Emarketer afirma que unos 40 millones de usuarios brasileños acceden al menos una vez al mes a X, lo equivalente a cerca de una quinta parte de la población.
El pasado 17 de agosto, X anunció que cerraba su oficina en Brasil, alengando que buscaba “proteger” a sus empleados frente a las “amenazas” del juez De Moraes de encarcelarlos.
Por su parte, De Moraes respondió embargando las cuentas bancarias de la empresa Starlink, propiedad de Musk, y la cual ofrece servicios de internet vía satélite y cuenta con 215 mil líneas activas en Brasil, como forma de garantizar el pago de las multas impuestas a X.
Esta no es la primera vez que la Justicia brasileña determina la suspensión de una red social, ya que en 2007 ocurrió con YouTube; con WhatsApp en 2015 y 2016; y Telegram en 2023, por falta de colaboración en diversas investigaciones judiciales.
