La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) en Puebla hizo un llamado a fortalecer la seguridad jurídica en la aplicación del bloqueo de cuentas, al advertir que esta medida debe ejercerse con criterios claros, proporcionalidad y pleno respeto a la legalidad, con el objetivo de consolidar un México confiable para la inversión y la actividad empresarial.
El organismo empresarial reconoció que México debe cumplir con sus compromisos internacionales en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo; sin embargo, advirtió que la falta de certeza jurídica en la aplicación de estas facultades puede generar indefensión y afectar la operación de empresas formales.
COPARMEX señaló que la imposibilidad de obtener una suspensión provisional inmediata ante el congelamiento de fondos puede provocar afectaciones económicas graves, ya que los procesos legales pueden extenderse sin que las empresas tengan acceso a sus recursos, lo que impacta su operatividad, el cumplimiento de obligaciones laborales y fiscales, así como a trabajadores, proveedores y familias.
Asimismo, advirtió que la nueva normativa complica el acceso a mecanismos de defensa, lo que obliga a recurrir a estrategias legales para impugnar la reforma mediante el amparo.
La organización destacó que el combate a las finanzas ilícitas es fundamental para preservar la legalidad y la confianza en las instituciones; no obstante, insistió en la necesidad de que conceptos como “indicios suficientes” sean precisados y acotados, ya que su amplitud podría vulnerar principios de certeza jurídica y taxatividad.
En este contexto, COPARMEX hizo un doble llamado: a las autoridades, para que la aplicación de estas medidas se realice con estricta legalidad, transparencia y motivación; y al sector empresarial, para reforzar sus mecanismos de cumplimiento, debida diligencia y prevención en sus operaciones.
Finalmente, subrayó que proteger la integridad de las operaciones empresariales no solo es una obligación legal, sino también una responsabilidad ética para fortalecer la certidumbre jurídica y la confianza en México.
