La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en coordinación con la policía municipal, realizó un operativo en el tianguis ganadero de Yecapixtla, Morelos, que derivó en el aseguramiento de 107 ejemplares de aves silvestres que eran ofrecidas ilegalmente para su venta, sin documentación que acreditara su legal procedencia.
Dos personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la República. La acción se llevó a cabo a raíz de una denuncia ciudadana que alertó sobre la comercialización de fauna silvestre en el lugar.
Durante un recorrido de vigilancia, se detectó un puesto ambulante donde se vendían diversas especies. Entre los ejemplares asegurados se encuentran 13 psitácidos mexicanos, cuya venta está prohibida desde 2008 y están enlistados en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y en la Convención CITES; así como 6 ejemplares de clarín y un trogón collaris, también protegidos por la normativa.
Los 87 ejemplares restantes corresponden a especies como gorriones americanos, tordos cabeza amarilla y cardenales, que requieren documentación que acredite su procedencia legal, de acuerdo con la Ley General de Vida Silvestre y su reglamento.
Tal y como estipulan la Ley General de Vida Silvestre y su reglamento, es necesario contar con documentación que demuestre que las aves no fueron extraídas ilegalmente de su entorno.
— PROFEPA (@PROFEPA_Mx) January 21, 2026
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Tras el aseguramiento, las aves fueron trasladadas a instalaciones de la Profepa en Morelos para observación médico-veterinaria. Algunos ejemplares presentan afectaciones por hacinamiento y uno, un trogón, registra una infección respiratoria severa.
La evaluación técnica determinará si pueden ser reintegrados a su medio natural o canalizados a Unidades de Manejo para la Conservación autorizadas.
La Profepa elaborará un dictamen técnico pericial solicitado por la FGR para determinar el daño ambiental y coadyuvar en la investigación penal correspondiente.
El tráfico ilegal de fauna silvestre es un delito que se castiga con multa de 300 a 3 mil días de salario mínimo y entre uno y nueve años de prisión, según el Código Penal Federal.






