Ricardo N., primer vinculado por violencia vicaria en Puebla y América Latina, volverá a la cárcel, después de que la jueza encargada del caso decretara de nueva cuenta prisión preventiva oficiosa en la audiencia de revisión de medidas cautelares, informó la activista Andrea Lezama.
A través de un comunicado de prensa, la fundadora de la Colectiva Madres Exigiendo Justicia contra la Violencia Vicaria reconoció el actuar de la agente del Ministerio Público, Diana Gómez González, titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Familia y de la Fiscalía General del Estado (FGE) en la audiencia.
La activista agradeció a todos los que la han acompañado durante la búsqueda de justicia para ella y su hijo, quien también es sobreviviente de violencia vicaria.
El menor fue separado de Andrea cuando tenía apenas 1 año de edad y permaneció casi seis años sin tener contacto con el pequeño, hasta que en 2022 lo recuperó.
La mañana de este martes, Andrea expresaba que temía por su integridad y la del menor, ya que la jueza encargada del caso había cambiado las medidas cautelares y pedido arraigo domiciliario, lo cual consideraba un peligro para ella y su hijo.
Teme por su integridad
Durante una protesta frente a la Casa de Justicia, la activista solicitó medidas de protección para ella y su hijo, debido a que, tras la liberación de su agresor, tuvo que resguardarse junto a su hijo sin poder salir, por el temor de que algo les suceda.
“Venía Día de Muertos, él quería pedir calaverita y tuvimos que resguardarnos nuevamente, cuando él tendría que estar viviendo feliz, tranquilo, sin violencia, sin miedo“, dijo.
Este martes, la FGE pidió la revisión de las medidas cautelares para revocar la decisión de que Ricardo N. permanezca en arraigo domiciliario y sea devuelto a prisión por el riesgo que su libertad conlleva para Andrea y su hijo.
Andrea recordó que su activismo la coloca en una doble situación de vulnerabilidad, al no garantizar su seguridad ni la justicia a ella y su hijo.
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Andrea fue respaldada por otras sobrevivientes de violencia vicaria y grupos feministas.
Andrea compartió el proceso que vivió después de estar más de 2 mil 300 días separada de su hijo cuando apenas tenía 1 año de edad y le fue arrebatado de sus brazos.
“Esta medida que ella tomó nos colocó nuevamente en una situación de vulnerabilidad a mí y a mi hijo, afectando nuestra vida diaria y, por supuesto, nuestra seguridad“, sostuvo.
Reiteró que esta decisión judicial es un retroceso para la entidad que se había colocado como pionera en el reconocimiento de la violencia vicaria.
Editor: Renato León
