Trabajadores y abogados afectados con el cierre de la Junta Federal del Conciliación y Arbitraje en Puebla iniciarán la presentación de amparos individuales y recurrirán al Congreso de la Unión y CNDH para reclamar el respeto a sus derechos laborales.
Frente a la sede, de la también llamada Junta Especial 33, el grupo de inconformes acusó que no ha sido posible tener un acercamiento con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), esto al señalar que en la reunión que tuvieron con personal de la Secretaría de Gobernación estatal no se llegó a ningún acuerdo, pues les dijeron que el asunto es de competencia federal.
Sin embargo, el líder de la CTM en Puebla, Leobardo Soto confió que el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina cumpla su palabra de buscar al titular de la dependencia federal, Marath Baruch Bolaños López, para conservar la Junta Especial en la entidad.
Y es que, al enviar los más de 10 mil expedientes de trabajadores poblanos a Oaxaca y Tlaxcala retrasará los juicios y afectará aún más la economía de personas como Juan Antonio, quien por enfermedad, perdió ambas piernas y un brazo.
Él está a la espera de que el IMSS le pague su pensión y le otorgue el servicio médico, lo cual ya estaba a punto de ocurrir, sin embargo para continuar su caso tendría que viajar a otra entidad, lo cual consideró imposible por los gastos que le generaría y por ende perdería sus derechos.
El abogado laboralista, Francisco Aburto estimó que cada trabajador o litigante erogaría cerca de 4 mil pesos para trasladarse a resolver sus casos en Oaxaca, a donde por acuerdo de la STPS se enviarán los asuntos pendientes de un laudo, que son la mayoría, pues corresponden a personas que tramitan pensiones o jubilaciones y que suelen estar imposibilitados económicamente para viajar.
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Señaló que la Junta Especial 33 únicamente requería mayor personal para que los asuntos se resuelvan con celeridad, además que el cierre de ésta viola el decreto del 1 de mayo del 2019, en donde se establece que todas las Juntas Especiales cerrarían gradualmente, pues antes tenían que terminar todos los asuntos en sus manos.
Ante este escenario los afectados advirtieron que promoverán juicios de amparo individuales para exigir que se restituyan las funciones de la Junta para que se terminen en Puebla todos los expedientes que se iniciaron, bajo el argumento de competencia y territorio.
La abogada Concepción Rodríguez indicó que también presentarán quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Congreso de la Unión e incluso comentó que éste lunes una comisión entregaría en Palacio Nacional un oficio dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador para hacer de su conocimiento lo que ocurre en contra de trabajadores poblanos.
Además señalaron que continuarán en el plantón y cierre de circulación en la 31 Poniente para manifestar sus reclamos, así como para evitar la salida de expedientes, aunque dijeron temer la intervención de la Guardia Nacional para dicha labor.
Editor: Renato León Aranda
