Han pasado 12 años y Amada Barranco sigue en la lucha por conseguir justicia para su hija Araceli Vázquez, víctima de feminicidio.
En febrero de 2024, el asesino de Chely —como le decían de cariño—, Javier Mauricio N., fue sentenciado a 35 años de cárcel, pero cuando el Ministerio Público le advirtió que debían apurarse a meter un amparo antes que él, el personal de la Fiscalía se limitó a informarle que “ya no se podía hacer nada”, le habían reducido la sentencia a 27 años y 6 meses de prisión.
Amada se volvió a encontrar de frente con la cara de la impunidad y, justo en el aniversario luctuoso del feminicidio de su “mayor tesoro”, como llama a su hija, tendrá que volver al Poder Judicial para la resolución de amparo del Tercer Tribunal Colegiado.
Este jueves tendrá que resolverse con lo que busca, que se reclasifique de nueva cuenta el delito a feminicidio y aumentar los años de cárcel.
También reclasificaron el delito de feminicidio y la condena fue por homicidio doloso agravado, ya que la Cuarta Sala Penal del Poder Judicial de Puebla le dio la razón a su defensa al señalar que no se comprobaba el “acoso reiterado” con lo que se clasificaba como feminicidio.
En conferencia de prensa, Amada dijo que se le hace injusto que le rebajen años, cuando permaneció una década prófugo después de arrebatarle la vida a su hija, la única de cuatro que, a pesar de las dificultades económicas, estudió una licenciatura y encontró su primer empleo formal.
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Con la voz quebrada de nuevo por el dolor, acusó que durante los 12 años del proceso ha recibido malos tratos de la Fiscalía General del Estado (FGE), desde el día que denunció a la expareja de su hija hasta cuando fue detenido, 10 años después, y que se enteró a través de la prensa y no por las autoridades como debía suceder.
Su asesora jurídica Fernanda Santos, de la Clínica Jurídica Minerva Calderón de la IBERO Puebla, explicó que el amparo que solicitaron busca comprobar que hay elementos suficientes para que la sentencia sea por feminicidio y reprochó que los juzgadores no pidieran a la FGE las pruebas que Amada recolectó a lo largo del proceso.
Entre estas se encuentran los mensajes que le enviaba Javier Mauricio a Chely, las pruebas que conocía la dinámica familiar por la relación que sostuvo con ella.
Por ello, pidió que también se sancione a los Ministerios Públicos que fueron omisos en el seguimiento del proceso.
Por su parte, Natalí Hernández de Cafis recordó que este caso es reflejo del nivel de impunidad que puede haber en otros en la entidad, la cual todavía tiene Alerta de Violencia de Género.
Asimismo, apuntó que Javier Mauricio rehízo su vida en un municipio cercano a Acajete, donde vivía Chely, lo cual refleja el nivel de violencia de género que hay en Puebla, ya que nunca se preocupó de que lo buscaban las autoridades ni estas fueron capaces de hallarlo por más de 10 años.
Editor: César A. García
