A cuatro años de ser denunciado por corrupción de menores y abuso sexual, Rosendo “N” sigue sin enfrentar a la justicia mexicana, aunque está detenido en España, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de Guanajuato resolvió dejar sin efectos la resolución que lo vinculaba a proceso.
El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de Guanajuato está integrado por los magistrados Roberto Hoyos Aponte, Luz Elva de la Torre Orozco y Enrique Zamora Camarena, a cuya resolución se sumó el magistrado Plácido Álvarez Cárdenas, titular de la Novena Sala Penal, y el juez de control Mauricio Rogelio Flores Saldaña, quienes emitieron fallos que consideran “exhiben señales de una preocupante parcialidad”.
“Con sus decisiones, han pavimentado el camino para que el imputado recupere su libertad, arrasando con la esperanza, la tranquilidad y la integridad emocional de las víctimas, quienes hoy quedan nuevamente expuestas, desprotegidas y traicionadas por el propio sistema que debía ampararlas”.
Largo camino a la justicia
El proceso ha sido marcado por demoras institucionales, omisiones graves y decisiones cuestionables del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, mismo que sigue sin garantizar la protección de las víctimas ni el castigo del agresor.
La denuncia fue presentada en agosto de 2021, cuando las víctimas acudieron a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, debido a que en Guanajuato, entidad en la que Rosendo tenía influencia. Las autoridades capitalinas iniciaron la investigación, recabando entrevistas, dictámenes médicos y psicológicos que daban cuenta de la comisión de delitos sexuales graves.
Posterior a ello, la investigación fue turnada a la Unidad de Atención Integral de las Mujeres de León, perteneciente a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, que asumió la continuación del caso y en febrero de 2022, solicitó una orden de aprehensión contra Rosendo “N” por los delitos de corrupción de menores y abuso sexual.
Sin embargo, en febrero de 2022, la Fiscalía de Guanajuato formuló imputación en contra del acusado. Durante la audiencia inicial, el juez Juan Anselmo Monjaraz Mendoza, adscrito a la Cuarta Región Judicial del Estado de Guanajuato, invalidó todas las pruebas recabadas en la Ciudad de México, bajo el argumento de que fueron obtenidas por una autoridad supuestamente incompetente.
En su fallo, el juez ignoró por completo el principio constitucional del interés superior de la niñez y desechó pruebas como los testimonios de las víctimas y dictámenes periciales, y acusó al Ministerio Público de Ciudad de México de “parcialidad” hacia los menores, por lo que dictó auto de no vinculación a proceso y liberó a Rosendo “N”.
La resolución fue impugnada, pero en mayo de 2022, el Magistrado Plácido Álvarez Cárdenas, titular de la Novena Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, confirmó la decisión del juez de control, ratificando la no vinculación a proceso.
No obstante, las víctimas recurrieron a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo ponencia de la Ministra Margarita Ríos Farjat y, en enero de 2025, la Corte resolvió que las pruebas recabadas por el Ministerio Público sí son válidas en casos de delitos sexuales contra menores de edad, y señalaron a las autoridades judiciales de Guanajuato que debía privilegiarse los derechos de la infancia.
La resolución ordenó revocar el auto de no vinculación a proceso y vincular formalmente a Rosendo, además de sentar jurisprudencia nacional sobre la validez de pruebas recabadas por autoridades fuera del territorio competente cuando están en juego los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Detenido en España
Pese a la orden de la Suprema Corte, cuando se programó la audiencia de medidas cautelares en marzo de 2025, Rosendo “N” no se presentó, por lo que fue declarado sustraído de la acción de la justicia.
El 26 de mayo de 2025 fue detenido por elementos de la INTERPOL en España, donde se encuentra preso en el penal de Soto del Real.
Por último, exigieron al Poder Judicial del Estado de Guanajuato garantizar que la ley se aplique con imparcialidad y que no haya complicidad.
