Debido a la omisión legislativa desde hace cinco años por la falta de una ley en materia de declaración especial de ausencia en la entidad poblana, víctimas indirectas de desaparición, especialistas y académicos exigieron que el Congreso de Puebla discuta y apruebe en breve la iniciativa que presentaron entre colectivos, la Ibero Puebla y la diputada Mónica Silva Ruiz.
En conferencia de prensa, explicaron que sin esta ley, los familiares de personas reportadas como desaparecidas, sobre todo sus hijas e hijos, sigan sin acceder a derechos como a la salud, alimentación, vivienda y educación.
Le pasó a María Eugenia Margarita Rojas García, madre de Fabiola Narváez Rojas –desaparecida desde el 13 de enero de 2021 en Villa Frontera–, quien al quedarse al cuidado de su nieta de 9 años de edad, la quiso afiliar al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo cual le fue negado.
Por ello, recurrió a la Clínica Minerva Calderón y buscó un amparo, cuyo proceso obligó al IMSS a dejarle de negar la afiliación a la menor, sin embargo, a pesar del proceso judicial se limitó a mencionarle que daría aviso a las autoridades para que atendieran a su nieta en caso de enfermarse, ya que no podían afiliarla temporalmente.
Una jueza federal concedió el amparo a María Eugenia y ordenó que el IMSS afiliara a su nieta, lo cual al final accedió, entregó un carnet y agendó cita para noviembre.
En este proceso, la jueza reconoció la omisión legislativa del Congreso de Puebla en materia de declaración de ausencia y en otro amparo ordenó al Legislativo hacerlo.
El jueves pasado, junto a la diputada Mónica Silva Ruiz presentaron una iniciativa trabajada con la Clínica Minerva Calderón y los colectivos La Voz de los Desaparecidos en Puebla y con Amor y Esperanza Hasta Encontrarles.
Para Andrés Díaz Fernández, representante de la ONU Derechos Humanos esta es una oportunidad para Puebla de ser pionero en esta clase de ley, ya que aunque hay 16 legislaciones en otras entidades, podría mejorar las fallas, además de haber incluido una iniciativa hecha en conjunto con víctimas indirectas y académicos.
Alexia Martínez Montalbán del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría explicó que la Ley de Jalisco es la más avanzada en la materia en el país.
Estado de México, Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Morelos, Nayarit, Nuevo león, San Luis Potosí, Tlaxcala y Yucatán son otras entidades que cuentan con su ley.
Mientras que, en Michoacán, Oaxaca, Sonora y Tamaulipas, además de Puebla, hay iniciativas en manos de sus congresos locales.
¿Qué pasa si no se legisla?
Roberto Ignacio López del Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática comentó que, en caso de congelar la iniciativa presentada, tendrán que dar aviso al ministerio público federal por incumplir con una resolución de un juez y el caso podría llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En tanto, las demás familias de personas desaparecidas tendrán que recurrir a la misma ruta jurídica que María Eugenia y su nieta.
La declaratoria especial de ausencia es una figura jurídica que respeta los derechos de una víctima de desaparición, al considerar que se encuentra con vida, a la cual podría acceder sus familiares al acudir a un juez y exponerle su caso en particular, pero sin la ley, no pueden hacerlo.
Por: Guadalupe Juárez
Editor: Guillermo Leal
