La Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso de Puebla dio luz verde a una reforma que obliga a la Fiscalía General del Estado (FGE) a contar con intérpretes y traductores de manera permanente.
La iniciativa surge como respuesta al caso de una niña indígena en Huauchinango que, en noviembre de 2025, no pudo denunciar un abuso sexual debido a que el Ministerio Público no contaba con personal que hablara su lengua.
La FGE deberá garantizar la presencia de intérpretes en todas sus áreas receptoras de denuncias, con especial énfasis en las agencias fuera de la zona metropolitana.
Se establece que el servicio de traducción e interpretación será para personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas y personas con discapacidad auditiva.
El apoyo aplicará para todas las figuras involucradas en un caso, como imputados, ofendidos, víctimas y denunciantes.
Además, se faculta a la Fiscalía para celebrar convenios con instituciones públicas y privadas para ampliar su red de traductores certificados.
El Área Jurídica del Congreso local dictaminó que esta reforma es primordial para proteger a grupos en situación de vulnerabilidad.
“Se da facultad para celebrar acuerdos para garantizar que (…) tengan intérpretes y traductores”, señala el dictamen.
Puebla es uno de los estados con mayor diversidad lingüística en México como náhuatl, totonaco, mazateco, entre otros.
Con esta medida, las víctimas ya no tendrán que peregrinar buscando quién les traduzca para ser escuchadas.
También se garantiza que los imputados entiendan de qué se les acusa, evitando nulidades en los juicios y se reforzará el personal en zonas como la Sierra Norte, la Sierra Negra y la Mixteca.
Editor: Renato León
