El Congreso de Puebla aprobó la Ley 3 de 3 para evitar que personas acusadas de violencia y deuda alimentaria se postulen para competir por un cargo de elección popular u ocupen un cargo público.
Durante su pronunciamiento la diputada local, Mónica Silva Ruiz, explicó que la reforma enviada desde el Senado busca establecer hipótesis como causa de la suspensión de derechos y prerrogativas de los ciudadanos.
Comentó que cualquier persona que tenga una sentencia firme por la comisión de delitos contra la vida no podrá acceder a cargos de elección popular o ser nombrado para asumir un cargo público.
Silva Ruiz destacó las causales que llevarán a cualquier persona que sea reconocida como violentador, para así suspender sus derechos políticos, entre ellas destacan:
Tener una sentencia firme por la intencionalidad de delitos contra la vida y la integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexual, el normal desarrollo psicosexual, violencia familiar y equiparada o doméstica.
Además, violación a la intimidad sexual, violencia política contra las mujeres en razón de género en cualquier modalidad y ser declarada una persona deudora alimentaria o morosa.
Por: Redacción
Editor: Guillermo Leal
