Puebla pertenece a la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) desde su creación en 2013. A lo largo de la última década el programa de verificación vehicular no ha enfrentado protestas, ni siquiera resistencias significativas; antes de la suspensión de todas las unidades de verificación, en marzo de 2020, a causa del conflicto de interés por todos reconocido, la política ambiental no era ni de cerca la encendida bandera de rabiosos grupos de presión o de organizaciones campesinas de trakalosa procedencia.
Una vez que las olas más críticas de la pandemia pasaron, la licitación quedó lista en octubre de 2022 regularizando a la entidad después de dos años de suspensión temporal. Los verificentros se abrieron y los taxistas fueron los primeros en acudir al llamado del software, de inmediato le hicieron segunda los automovilistas particulares cuando se enteraron que, si acudían voluntariamente, la verificación sería extensiva para el primer semestre de 2023. Llegó el año nuevo y sólo el 10 por ciento de los transportistas habían acudido a la cita.
¿Por qué será que los primeros 60 días de operaciones de los verificentros ningún defensor de las causas perdidas en Puebla levantó la voz contra “la medida recaudatoria que el gobierno nos quiere imponer a los automovilistas” buenos y tiznados? Las primeras protestas se presentaron durante los últimos días de diciembre pasado, intensificándose hasta excesos criticados durante los últimos 15 días. ¿Será que el retraso de las marchas y plantones se debe a que los mafias de transportistas descubrieron que, en esta ocasión, no había manera de corromper el sistema para tener hologramas relucientes en las ventanas de vehículos decadentes?
El colmo del abuso ocurrió este martes con bloqueos prolongados de los inconformes en arterias principales de la capital que involucraron hasta un conato de bronca en las inmediaciones de Casa Aguayo dirigido por Roxana Luna Porquillo que, casualmente, después de 10 años de CAMe en Puebla se hizo la empática con los campesinos no precisamente de Ayotoxco de Guerrero, donde nadie la reconocería, sino de Cholula donde tiene lo que ella cree que es su base electoral. Si con esa fiereza la perredista hubiera defendido verdaderas arbitrariedades, no tendría que andar timando a campesinos para agarrar cualquier rincón sin importancia de la coalición Va por México.
Dura lex, sed lex. Y si bien es cierto en un estado democrático la norma se produce como resultado del consenso de las diferentes fracciones políticas en las cámaras de la representación interesada, una vez que el dictamen sale del pleno y se sanciona por el Ejecutivo publicándose en el Diario Oficial de la Federación —Periódico Oficial del Estado, para nuestro caso—, esa ley debe imponerse con la fuerza si es necesario, que para eso se hizo el Estado. Dicho esto de manera simple: dejemos de pensar que el sistema jurídico en una democracia está a merced de una turba gritona e inconforme predispuesta a recibir apoyo gubernamental sin ningún tipo de obligación fiscal o tributaria.
Que sigan los operativos, hoy todavía de cortesía pero muy pronto con toda la intención de infraccionar a quien no ha cumplido, pues en la medida en que la ley siga su curso los concesionarios encontrarán mayores incentivos en modernizar esas chatarras móviles que osadamente llaman “unidades del transporte público”.
Por Enrique Huerta
