Diferentes colectivos se mostraron inconformes con la decisión de la jueza de control de Puebla, Alejandra Román Pérez, de liberar y cambiar las medidas cautelares de Ricardo “N”, primer detenido por violencia vicaria en la entidad y en Latinoamérica.
A través de un comunicado, explicaron que la jueza determinó modificar la medida de prisión preventiva justificada por arresto domiciliario, pese a reconocer en audiencia que existe un riesgo real de sustracción.
Ricardo “N” es acusado de separar a su hijo de su mamá por seis años desde 2016, por lo que Andrea Lezama Bonilla se convirtió en activista en búsqueda de recuperar a su hijo y que otras no vivieran lo mismo que ella a través de la Colectiva de Amorosas Madres contra la Violencia Vicaria.
De acuerdo con las colectivas, es preocupante que en la audiencia la jueza justificó el arraigo domiciliario con el argumento de que no había riesgo alguno para las víctimas; no obstante, al emitir su resolución final, admitió que sí lo había.
Aseguraron que la decisión se tomó sin realizar una evaluación de riesgo reciente ni dar certeza de seguridad a las víctimas, al señalar que el imputado viviría en el domicilio de sus padres, a quienes acusan de ocultar el paradero del menor cuando fue sustraído.
La jueza impuso que Ricardo “N” fuera vigilado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, sin garantizar que la corporación tenga los recursos para hacerlo.
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Esto, ya que dijo que el acusado no tiene recursos económicos para adquirir una pulsera electrónica para asegurarse de cumplir con el arraigo domiciliario.
“Con esta decisión, la juzgadora priorizó los derechos del imputado por encima del derecho a la seguridad e integridad de las víctimas: una madre y su hijo menor de edad“, acusaron.
Agregaron que la resolución refleja una falta grave de sensibilidad, preparación y perspectiva de infancias y género, además de representar un retroceso para la entidad que se había posicionado como referente en el reconocimiento de la violencia vicaria.
“Exigimos que el Poder Judicial del Estado de Puebla asuma su responsabilidad frente a las víctimas y garantice medidas reales y efectivas de protección, pues existe un temor fundado por la integridad y seguridad del menor y de su madre”, alertaron.
Entre las organizaciones que firmaron el comunicado se encuentra Madres Exigiendo Justicia contra la Violencia Vicaria, Cam-Cai y Mujeres por el Derecho al Cuidado y a una Vida Libre de Violencia.
Editor: César A. García
