El fenómeno del robo de hidrocarburos en Puebla, conocido popularmente como “huachicol“, no solo ha dañado la seguridad del estado, sino que ha permeado en las estructuras del poder local.
En la última década, diversos exalcaldes sido señalados por presuntos vínculos con bandas criminales dedicadas a la perforación de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).
La sombra del crimen organizado ha alcanzado a ediles de distintos colores partidistas, evidenciando la vulnerabilidad de los gobiernos municipales ante grupos delictivos.
Pablo Morales Ugalde, exedil de Palmar de Bravo, fue detenido en 2017 por personal de la FGR y la Marina.
Se le investigó por el uso de recursos de procedencia ilícita y sus gasolineras fueron clausuradas tras detectarse irregularidades en la comercialización de combustible.
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José Isaías Velázquez, expresidente de Atzitzintla, fue tras un operativo masivo relacionado con el asesinato de tres agentes de inteligencia.
Además, lo han señalado de brindar protección a la banda de “Los Buchanas“, un grupo ligado al robo de combustible y secuestro en la zona del Triángulo Rojo.
Alejandro Martínez, exalcalde de Quecholac y hermano de “El Toñín”, presunto líder dedicado al robo de hidrocarburo.
Su detención en 2021 causó revuelo político en la entidad, siendo procesado por presuntos delitos cometidos contra la administración de justicia y vínculos con grupos delictivos.
De acuerdo con analistas en seguridad, la involucración de los presidentes municipales no siempre es directa en la extracción, sino que suele manifestarse a través de la protección a grupos criminales para que operen libremente.
