Por Karla Sánchez
El 15 de septiembre de 2019, mientras su hija pequeña salió a la tienda, tres hombres aprovecharon para entrar al domicilio de Camilo Hernández Pérez, ubicado en la colonia Guadalupe Caleras, donde además de su casa, posee un taller mecánico.
“Entraron tres sujetos, uno de ellos me golpeó en el rostro (…) me arrimaron hacia el interior, hasta donde está un compresor, otro me golpeó, me abrió el labio y caí sobre uno de los compresores, ahí me golpeé en la cabeza. Me traté de incorporar, pero no pude”, refiere el agredido.
Durante la golpiza, uno de los agresores sustrajo del bolsillo de Camilo 15 mil pesos que acababa de recibir. El asalto continuó hasta que la víctima quedó inconsciente, todo en presencia de su esposa -al momento embarazada de 7 meses- y quien por la violencia de los atacantes no pudo intervenir.
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Esa misma madrugada, Camilo presentó su denuncia ante la Fiscalía General del Estado. Él identifica a las personas que ingresaron a su casa como Javier Mendez León, Francisco Javier Mendez Gonzalez y César Lomelí Rivera, padre, hijo y yerno, respectivamente, los tres -además- vecinos de la zona con quienes tenía confrontaciones previas derivadas de la construcción de la vivienda de Camilo. Sin embargo, nos dice, nunca pensó que el conflicto escalaría a estos niveles.
Las consecuencias vinieron después
“A finales de octubre me puse mal y a principios de noviembre ingresé al Hospital General del Norte”, refiere Camilo, quien afirma que le fue diagnosticado hematoma subdural, por lo que el 5 de noviembre, a las 9:00 horas fue intervenido quirúrgicamente: operación que consistió en una craneotomía más extracción de hematoma subdural por trépanos.
La lesión vino derivada de la golpiza y a la cirugía le siguieron dos meses de hospitalización. Tras ésta, una lista interminable de estudios de seguimiento y varias secuelas, entre las que destaca una importante disminución en la capacidad de memoria.
El plano legal
Según narra Camilo, durante el proceso legal, dos de sus abogados, uno de ellos identificado como César Cuevas, director del Cereso de Tecamachalco y otros como Federico Vázquez, aprovecharon la situación para estafarlo: el primero con 15 mil pesos, el segundo con 60 mil, sin dar mayor avance a su caso.
A la agresión física ocurrida en septiembre de 2019, se sumaron recientes amenazas por parte de los responsables, motivo por que Camilo interpuso una nueva denuncia que resultó en medidas de protección para él y su familia.
Sin embargo -destaca- una deficiente integración de la carpeta de investigación por parte del Ministerio Público derivó en que, en abril de este año, una vez aprehendidos los responsables -de los cuales al menos uno contaba ya con antecedentes penales- éstos fueran liberados bajo el argumento de que al momento de la agresión física, no utilizaron armas, por lo que la prisión preventiva no era procedente.
Hasta el día de hoy, Camilo teme por su integridad y por la de su familia, exige una indemnización por los daños sufridos y la inversión económica que la atención médica ha generado, al tiempo que solicita la intervención del Gobierno del Estado para retomar su caso.
“Que se vuelva a hacer una revisión para que no haya mano negra en esta situación (…) desde un inicio han sido dos años tormentosos”, concluye.
