El Gobierno de Estados Unidos está pagando actualmente a más de 154 mil empleados públicos para que no regresen a sus puestos de trabajo, en el marco de un programa de salida escalonada impulsado por la Administración del presidente Donald Trump con el objetivo de reducir el gasto federal.
Un informe presentado el jueves por senadores demócratas denuncia que el Gobierno ha gastado miles de millones de dólares en salarios para trabajadores en situación de baja, ya sea por el programa de “renuncia en diferido” o por disputas legales derivadas de sus despidos.
El documento también cuestiona la gestión del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), un organismo liderado temporalmente por el magnate Elon Musk con el propósito de optimizar el gasto público. Según los legisladores, esta iniciativa terminó derrochando 21 mil 700 millones de dólares, lejos de cumplir su meta de ahorro.
Según confirmó una portavoz de la Oficina de Administración de Personal al New York Times, estos trabajadores aceptaron retrasar su salida definitiva hasta el final del año fiscal (30 de septiembre) o, en algunos casos, hasta el 31 de diciembre de 2025.
La cifra representa poco más del 6% de los 2.3 millones de funcionarios que integran la plantilla del Gobierno federal. La medida forma parte de una estrategia más amplia para reducir lo que la Casa Blanca considera una burocracia sobredimensionada.
En enero pasado, el Ejecutivo anunció su intención de ofrecer indemnizaciones a cambio de renuncias voluntarias, una iniciativa que generó críticas por parte de sindicatos, quienes advirtieron que provocaría desorganización en los servicios públicos.
