El desafío de los señores concesionarios del transporte público está sobre la mesa: aseguran que al menos 6 mil unidades irán a paro el próximo 10 de diciembre. Su petición no sólo es impopular, francamente es absurda: una mafia de explotadores que han vivido a costa de la precariedad laboral de los operadores exige que el costo del pasaje sea de $10 pesos a la brevedad posible. Desde luego el problema viene de lejos y es mucho más complejo que una simple adaptación de la tarifa según los costos de la inflación o el alza del diesel. El año pasado, ante el contexto del último aumento, el 26 de febrero de 2020 para ser precisos, le comentaba en mi columna de Diario ContraRéplica algo que perfectamente pude haber escrito ayer:
“¿Cómo resolver entonces la crisis del transporte? Reconociendo las causas que verdaderamente la originaron. Si bien la falta de incremento durante los últimos nueve años absorbió una inflación acumulada del 38.5 por ciento que ocasionó la “chatarrización” de las unidades; subir la tarifa extemporáneamente sin enfrentar una re-ingeniería del sistema de concesiones sólo resultará en la modernización de la disfuncionalidad que hoy padecemos. Aquí, como en muchos otros ámbitos de la vida pública, el pasado es responsable: cifras de la secretaría de Movilidad y Transporte dan cuenta que 2012 y 2017 fueron los años que más concesiones se otorgaron, 283 y 275 respectivamente, sin ningún estudio técnico; el criterio realmente era otro: pago de favores a gremios y particulares, en suma, clientelismo político. Esta anomalía se ha traducido en la saturación de unidades y duplicidad de rutas que han ocasionado que los operadores se vayan “peleando el pasaje”, una de las principales causas de los accidentes donde toman parte, por no hablar de la precariedad laboral de la que son víctimas a causa de un sistema de explotación que carece de seguridad social y menos aún de obligaciones fiscales para los flamantes dueños de las concesiones públicas”.
A casi dos años de distancia el problema se ha agravado porque se ha descuidado: los meses más difíciles de la pandemia, acompañada de sus bajos indicadores de movilidad, eran la oportunidad idónea para rediseñar los trayectos de más 254 rutas, evitar empalmes negligentes en los trazados y, desde luego, compensarlos con extensiones necesarias que los pobladores, en infinidad de unidades habitacionales de reciente creación, solicitan reiteradamente. Con el 90 por ciento de cobertura de vacunación de los poblanos, los días difíciles del Covid-19 han pasado en la entidad, y desafortunadamente la oportunidad de una reingeniería sustentable de las rutas del transporte, también.
Hablemos de obviedades: no hubo modernización del transporte; tampoco seguridad para los pasajeros, los asaltos persisten y la mayoría de las cámaras y botones de pánico ni siquiera funcionan; por no aludir las condiciones laborales de los operadores, su afiliación al IMSS y su Infonavit parecen ser metas inalcanzables. Y sin embargo, las protestas de una casta de privilegiados de los gobiernos anteriores que se creen dueños y señores de la concesión pública amenazan como nunca el trayecto de los usuarios de un servicio a todas luces detestable.
Por Enrique Huerta
