El Pleno del Congreso de Puebla dio luz verde a las reformas constitucionales impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para aplazar la elección de jueces y magistrados hasta el año 2028, incluir la intervención extranjera como causal de nulidad en los comicios y permitir la reelección de los actuales magistrados electorales federales.
A pesar de sesionar este viernes para desahogar de forma exprés la minuta remitida por la Cámara de Senadores, el Poder Legislativo poblano no logró integrarse en el bloque de los primeros 17 Congresos locales del país requeridos para emitir la declaratoria de validez constitucional.
El dictamen, que previamente fue aprobado en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, contiene diversas modificaciones a la Constitución Política federal, entre las que destacan de manera primordial tres puntos.
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Entre estos, se estipula formalmente que las jornadas electorales para renovar los cargos del Poder Judicial de la Federación y de los 32 estados se celebrarán de forma coincidente el primer domingo de junio de 2028.
Las magistradas y magistrados que integran actualmente la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación podrán postularse y ser elegibles para un nuevo periodo de seis años en la elección federal de 2028.
Además, se establece que cualquier mecanismo de influencia o financiamiento extranjero que pretenda alterar las preferencias electorales o los resultados de una votación será motivo inmediato de nulidad de la elección.
Durante el debate en el Pleno, la diputada local de Movimiento Ciudadano (MC), Fedrha Suriano Corrales, fijó una postura en contra desde la tribuna, al sentenciar que las modificaciones representan un “parche” mal ejecutado a la reforma judicial aprobada originalmente.
Suriano Corrales acusó que la reforma perpetuará en el cargo a magistrados electorales afines al régimen, descuidando las verdaderas problemáticas de impunidad en el país.
A la par, urgió a priorizar iniciativas de fondo que fortalezcan de manera integral el sistema de justicia mediante el presupuesto a los Ministerios Públicos y las fiscalías, en lugar de legislar sobre cuotas políticas.
Editor: Renato León
