El gobernador Alejandro Armenta Mier envió al Congreso del Estado una iniciativa de reforma constitucional para establecer topes presupuestales a los ayuntamientos, diputados, magistrados y recortar las pensiones doradas en Puebla.
La propuesta busca armonizar las reformas constitucionales que fueron aprobadas por el Congreso de la Unión a nivel federal, impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Uno de los puntos más relevantes de la propuesta es establecer topes a gastos excesivos dentro del sector público de confianza, organismos descentralizados y fideicomisos estatales o municipales.
En ese sentido, señala que ninguna pensión o jubilación de servidores de confianza podrá superar la mitad de lo que percibe el titular del Ejecutivo federal o el gobernador del estado.
Los consejeros y directivos del Instituto Electoral del Estado (IEE), así como los magistrados del Tribunal Electoral del Estado (TEEP), tendrán prohibido contratar con recursos públicos seguros de gastos médicos mayores, de vida, cajas de ahorro especiales, pensiones privadas o seguros de separación individualizados.
La iniciativa de Alejandro Armenta manda que el presupuesto anual asignado al Poder Legislativo local no podrá rebasar el 0.70 por ciento del presupuesto de egreso total del Estado, garantizando además que el dinero se ejerza bajo criterios de paridad y perspectiva de género en sus órganos internos.
En el ámbito municipal, la reforma redefine la conformación de los ayuntamientos con el objetivo de generar ahorros y democratizar el poder.
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Los cabildos se integrarán únicamente por el alcalde, un síndico y un máximo de 15 regidurías, obligados a cumplir con paridad horizontal y vertical.
Para frenar el nepotismo, se prohíbe competir por una alcaldía o regiduría a cualquier persona que sea cónyuge, concubino, pareja de hecho o pariente (civil, consanguíneo o por afinidad) de quien ocupe la presidencia municipal en funciones o la haya ocupado en los tres años anteriores.
El dinero generado por el recorte de regidores no podrá desviarse, por ley; deberá reintegrarse a la hacienda municipal y etiquetarse exclusivamente para obra pública local.
En materia de justicia administrativa, el documento clarifica el diseño institucional del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), determinando que las y los magistrados durarán en su encargo un periodo de 15 años improrrogables.
Asimismo, se les alinea de manera estricta al tabulador general de remuneraciones del Estado para evitar cualquier intento de excepción salarial.
La propuesta del titular del Poder Ejecutivo fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su análisis y posible aprobación.
Editor: César A. García
