La Fiscalía General de Justicia del Estado de México detuvo a tres personas identificadas como Jesús Fernando “N”, Carolina “N” y Diego “N”, señalados por su probable responsabilidad en la muerte de dos pacientes y por afectaciones graves a la salud de dos más.
Las muertes se registraron tras procedimientos estéticos en la Clínica Santa Teresa, ubicada en Toluca, Estado de México, la cual operaba sin certificaciones ni autorización sanitaria para cirugías plásticas.
De acuerdo con las investigaciones, el 15 de octubre de 2021 una de las víctimas mortales ingresó de manera programada a la clínica para una liposucción y mamoplastia de aumento. Las pruebas periciales revelaron que los detenidos omitieron la valoración preoperatoria integral y el plan prequirúrgico, pese a que la paciente presentaba alto riesgo.
Le realizaron tres procedimientos complejos y prolongados (liposucción con lipotransferencia, plastia umbilical y colocación de implantes mamarios) cuando solo tenían previsto uno. La paciente falleció el 16 de octubre por tromboembolia pulmonar secundaria a los procedimientos realizados.
La clínica carecía de unidad de cuidados intensivos, banco de sangre, laboratorio clínico y personal multidisciplinario.
En un caso previo, el 2 de agosto de 2021, otra paciente se sometió a una lipectomía, días después detectó una lesión de coloración negra en la zona intervenida, lo que reportó a Jesús Fernando “N”, quien minimizó el hecho.
El 17 de agosto fue ingresada de urgencia al Centro Médico ISSEMyM con diagnóstico de necrosis en espalda y glúteos, requiriendo nueve lavados quirúrgicos y tres transfusiones. La Comisión de Arbitraje Médico concluyó que no hubo seguimiento postoperatorio adecuado.
La Fiscalía inició una investigación adicional por ejercicio indebido de la profesión contra Carolina “N” y Diego “N”, quienes no contaban con la especialidad en cirugía plástica. Solamente Jesús Fernando “N” cuenta con la especialidad.
Los detenidos podrían alcanzar penas de hasta 15 años de prisión por cada homicidio, y hasta cuatro años adicionales por usurpación de funciones.
