ASF detecta posibles daños patrimoniales en Teziutlán, Huauchinango e Izúcar

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Foto: Envato (Ilustrativa)

En Teziutlán se presume un daño a la hacienda pública federal de hasta 30 millones 280 mil pesos, en Atlixco de 3 millones 612 mil pesos, en Izúcar de Matamoros 9 millones 558 mil pesos y en San Pedro Cholula 3 millones 158 mil 300 pesos de acuerdo con las cuentas públicas 2024 analizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En el último año de gobierno de Carlos Paredes Grau, quien gobernó por cuarta ocasión la demarcación de Teziutlán, la ASF indicó que hubo posibles irregularidades en la adquisición de cuatro vehículos tipo pick up para patrullas, en las que las empresas participantes en la licitación estaban vinculadas entre sí.

En dos contratos no presentó la documentación de la convocatoria y el acto de fallo. Por otra parte se detectó un probable daño o perjuicio por un millón 500 mil pesos en el contrato de elaboración de proyectos, más de 290 mil pesos por un pago improcedente en la presentación de espectáculos artísticos de la feria 2024.

Así como 30 millones 283 mil pesos en los contratos de pavimentación de la carretera Teziutlán aire libre y la remodelación del edificio central de seguridad pública.

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En Huauchinango, el ex edil Rogelio López Angulo hay un probable daño a la hacienda pública federal de 19 millones 490 mil pesos, mismos que se originaron por falta de documentación y discrepancias en el momento de pagar los proyectos.

En Izúcar de Matamoros, la ex presidenta municipal Irena Olea, la ASF tiene identificado un probable daño patrimonial por no presentar documentos en un contrato de obra pública y otro en el que no presentó que es propiedad para rehabilitación y mantenimiento por 9 millones 558 mil 700 pesos.

Hay municipios poblanos que también fueron reconocidos por su buen manejo en las finanzas federales como Zacatlán, Amozoc, Cuautlancingo y San Andrés Cholula, aunque este último le pidieron aclarar 10 millones 588 mil pesos.

En la cuenta de 2024, Zacatlán cumplió con la normativa y la Ley general de contabilidad gubernamental y la ley de adquisiciones del estado con lo que se concluyó que realizó una gestión eficiente del gasto federalizado.

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