La iniciativa para reconocer a las infancias y adolescencias trans con la modificación de su nombre de acuerdo con su género autopercibido antes de la mayoría de edad requiere de un análisis profundo, dijo el rector de la Universidad Popular Autónoma de Puebla (UPAEP), Emilio Baños Ardavín.
El rector insistió en que debe atender con rigor la ley, escuchar a las voces de la sociedad y se atienda el derecho a una infancia sana, a pesar del ordenamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“Me parece que el sentido común, pero también la ciencia, hace ver que la madurez y la capacidad de avizorar las consecuencias de una decisión de ese calibre en la niñez y la infancia es insuficiente, de modo que ahí debe tener lugar los derechos de los padres de acompañar la formación de sus hijos y respetar ese ámbito intimidad y consciencia de cada familia”, reiteró.
Baños Ardavín consideró que se debe privilegiar el derecho sano y desarrollo a la infancia, ya que insistió en que hay documentación de las consecuencias de tomar esta decisión a tan temprana edad.
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🗣️ La UPAEP reafirmó su postura en contra del reconocimiento de las infancias y adolescencias trans. pic.twitter.com/rPQ2nMeuHK
— Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) July 13, 2026
Insistió en que la postura de la universidad es la de recomendar un análisis a profundidad de las consecuencias, escuchar a diferentes sectores y buscar otros mecanismos.
“No es la vía darle lugar a una iniciativa de este tipo, donde se pone en peligro el desarrollo sano de la niñez”, dijo.
En Puebla se mantiene el debate en el Congreso local de modificar el Código Civil para evitar restringir la edad en la que una persona puede modificar su nombre de acuerdo con su género autopercibido, lo que en un momento se conoció como Ley Agnes, la cual abrió la puerta al reconocimiento de las personas trans.
Sin embargo, al restringir esta decisión hasta la mayoría de edad, la Comisión Nacional de Derechos Humanos impulsó una controversia constitucional, que terminó en la decisión de la SCJN de obligar al Legislativo local a modificar el Código Civil, a lo cual las y los diputados se han negado.
