El presidente Donald Trump ha firmado recientemente una controvertida orden ejecutiva que afecta drásticamente los derechos de las mujeres transgénero en Estados Unidos.
Esta medida, emitida en su primer día de regreso al cargo, ordena que las mujeres trans sean alojadas en cárceles para hombres y prohíbe el uso de fondos federales para tratamientos médicos relacionados con la transición de género.
La orden, titulada “Defendiendo a las mujeres del extremismo de la ideología de género y restaurando la verdad biológica al gobierno federal”, establece que el reconocimiento del género por parte del gobierno se limitará al sexo asignado al nacer.
La directiva obliga a las prisiones federales a alojar a las mujeres trans en instalaciones masculinas, lo que ha generado preocupaciones sobre su seguridad y bienestar.
Históricamente, las mujeres trans han enfrentado altas tasas de violencia y agresiones sexuales en entornos carcelarios. Esta política es vista como un retroceso significativo en la protección de los derechos humanos de esta población vulnerable.
Además, la orden ejecutiva detiene cualquier tratamiento médico relacionado con la transición de género para reclusos, lo que podría tener consecuencias devastadoras para la salud mental y física de las personas afectadas.
Activistas han expresado su preocupación por el aumento del riesgo de violencia y discriminación que enfrentan las personas trans en el sistema penitenciario.
Grupos defensores de los derechos humanos han condenado esta medida, advirtiendo que representa una forma de discriminación institucionalizada contra las personas trans y no binarias.
La orden también incluye disposiciones que limitan el uso del lenguaje relacionado con el género en documentos oficiales, estableciendo que solo se reconocerán dos categorías: masculino y femenino, basadas en características biológicas.
