La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aún conformada por los ministros salientes, decidió el martes 12 de agosto aplazar la discusión de dos proyectos de sentencia relacionados con la prisión preventiva oficiosa, una práctica criticada por organismos internacionales.
La resolución, tomada por unanimidad en una reunión privada, deja en manos del nuevo tribunal, que asumirá en septiembre tras la elección judicial de junio, la responsabilidad de abordar estos casos que han generado amplio debate.
Según la agencia internacional The Associated Press, que entrevistó a un funcionario anónimo, confirmó que los ministros acordaron no debatir en la sesión del martes los proyectos presentados por los ministros salientes Jorge Pardo Rebolledo y Ana Margarita Ríos Farjat.
La decisión sería traslada la discusión a los nueve nuevos ministros, todos identificados como cercanos al partido gobernante Morena.
Organismos, como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, han instado a México a eliminar esta práctica.
El proyecto de Pardo Rebolledo proponía acatar el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de 2023, que declaró inaplicable la prisión preventiva oficiosa y el arraigo, una medida que permite detener a una persona hasta por 80 días sin que se presenten cargos formales.
Por su parte, el proyecto de Ríos Farjat buscaba declarar inconstitucional la reforma que amplió los delitos sujetos a esta práctica, incorporada en la Constitución.
Según el Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios de 2023, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 40% de las personas privadas de la libertad en México no tienen sentencia.
En México, la prisión preventiva puede ser de dos tipos: la justificada, solicitada por un fiscal ante un juez cuando se considera que el acusado representa un peligro para la sociedad o riesgo de fuga, y la oficiosa, aplicada de manera automática a ciertos delitos. Sin embargo, esta última ha sido señalada por violar la Convención Americana de Derechos Humanos, un tratado vinculante para los países firmantes.
