La interrupción legal de un embarazo en Puebla dejó de ser un tabú; sin embargo, todavía hay omisión de información, difícil acceso al procedimiento por la poca cobertura al interior del estado y no hay un seguimiento integral.
Esto se concluye en la Contraloría Social para el Diagnóstico del aborto legal en ocho estados de México, elaborada por el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, con el apoyo de Redefine Puebla, a dos años de aprobarse modificaciones al Código Penal del Estado para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas.
En el documento se reúnen entrevistas colectivas que acompañan a mujeres que deciden interrumpir los embarazos y se encontraron con que los hospitales donde se puede realizar este procedimiento carecen de personal con especialidad de ginecología y obstetricia, ya que no hay personal disponible en todos los turnos, sobre todo en las zonas más alejadas del estado.
Aunque en el estado no se ha presentado escasez del medicamento para abortar, se ha detectado que se requiere de aparatos de ultrasonido para mejorar la atención, ya que solo cuentan con uno para todos los demás servicios médicos o los que tienen no tienen.
La atención en Puebla es limitada, pues el servicio de interrupción legal del embarazo solo es posible en 14 hospitales de segundo y primer nivel.
Te puede interesar: Muere niña de seis años por presunta negligencia médica en clínica de Cholula
Bajo ese contexto, ocho de cada 10 abortos en el país se realizan en Puebla; la demanda es más alta en Ciudad de México, donde se practican el 54 por ciento de los procedimientos.
La demanda en el estado de Puebla para interrumpir un embarazo creció de ocho casos en 2023 a 87 en 2025.
Sin embargo, el servicio solo se concentra en la capital poblana y es poco accesible para la población rural.
Otro tema con el que se han encontrado quienes deciden interrumpir su embarazo es la falta de información accesible y clara, procesos burocráticos para acceder al servicio.
Entre 2023 y 2024 se registraron 186 embarazos, de los cuales solo una de las víctimas decidió interrumpir de manera voluntaria su embarazo.
Editor: César A. García







