El Gobierno de Puebla arrastra una carga de laudos laborales que supera los 3 mil millones de pesos, situación que se convirtió en un negocio irregular; por ello, se han iniciado las investigaciones correspondientes, incluyendo a aquellos servidores públicos que colaboran con delincuentes de “cuello blanco”.
En conferencia de prensa, el gobernador Alejandro Armenta Mier indicó que existen funcionarios que sirven al “cartel inmobiliario” para que cometan despojos y otros abusos en la entidad.
Insistió en que, en la administración estatal, así como en el Poder Judicial y la Fiscalía, hay delincuentes de “cuello blanco” infiltrados; sin embargo, están siendo cuidadosos en la “limpieza” de funcionarios corruptos.
Aseguró que se están siguiendo líneas de investigación sobre todas las denuncias y señalamientos en contra de servidores públicos para evitar que aleguen un despido injustificado, ya que ello podría convertirse en una carga financiera para el Estado.
“Un delincuente que se vuelve funcionario público y que lo denuncias, todavía se defiende jurídicamente y le puede generar un daño al erario porque tienes que seguir el debido proceso. Se infiltran y operan para los delincuentes de cuello blanco o en las notarías a favor del cartel del despojo y tenemos que ser contundentes jurídicamente”, apuntó.
En ese sentido, reveló que al iniciar su administración descubrió “el cartel de laudos”, ya que en el pasado los juicios laborales y mercantiles contra el Estado se convirtieron en un negocio.
“Traemos una carga de laudos, era un negocio hacer laudos en Puebla, descubrimos el cartel de los laudos, así se podría llamar”, expresó.
Alejandro Armenta enfatizó que la corrupción se anida en la administración pública; incluso la comparó con una cañería que tiene muchas fugas, pero aseguró que se está enfrentando a pesar de las afectaciones y molestias que causa a quienes tienen diversos intereses.
“Afectamos intereses, sí se molestan estos grupos delictivos de cuello blanco, que son carteles del despojo, tienen poder, dinero y manipulan información, tienen vínculos nacionales y si no somos cuidadosos, nos acusan de autoritarios o de que estamos violentando derechos cuando lo único que estamos haciendo es poner orden”, concluyó.
Despidos de Moreno Valle la carga más fuerte: Finanzas
Al respecto, la secretaria de Finanzas, Planeación y Administración estatal, Josefina Morales Guerrero, informó que se tiene un pasivo contingente superior a los 3 mil millones de pesos que incluye los juicios por denuncias laborales y mercantiles.
Enfatizó que dicho monto no es una deuda reconocida, sino que forma parte de una estimación financiera, ya que deben ser determinados por la autoridad judicial para que puedan ser reconocidos y se realicen los pagos correspondientes.
“En ese pasivo contingente podemos tener demandas laborales, mercantiles y todo el escenario que el Gobierno reconoce como una afectación, pero están en un proceso (…) no es algo que el Gobierno tenga ahorita una presión o que vaya a tener que pagar”, resaltó.
La funcionaria indicó que el registro de pasivos data desde el año 2000, pero destacó que “lo más fuerte” corresponde a los despidos realizados en 2015, por el entonces gobernador Rafael Moreno Valle, que se estima fueron más de 14 mil trabajadores y de los que aún hay juicios pendientes.
Destacó que la revisión de los laudos permitirá al área jurídica del Ejecutivo renegociar y buscar la menor afectación al erario.
Proyectan 4,070 mdp por laudos
Según el informe sobre pasivos contingentes de la Secretaría de Finanzas, al corte del 30 de junio de 2025, se proyectan 4 mil 70 millones 637 mil pesos por juicios y litigios pendientes de resolución.
De dicho total, al menos la mitad corresponde a juicios administrativo-contencioso por los que el Estado podría pagar 2 mil 183 millones 590 mil 521 pesos; mientras que la segunda cifra mayor sería por laudos laborales que significarían mil 289 millones 703 mil 116 pesos.
Editor: César A. García
