La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) podría obtener facultades legales para realizar revisiones e inspecciones operativas dentro de anexos en Puebla, para evitar que sean utilizados como escondites de integrantes de grupos criminales.
La iniciativa es impulsada por el diputado local de Morena, Andrés Villegas Mendoza, quien urgió a la Dirección Jurídica del Congreso del Estado agilizar el análisis de las reformas que presentó desde noviembre pasado.
En conferencia de prensa, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública argumentó que, si bien la función de los anexos es brindar apoyo a las personas con adicciones, la realidad es que algunos de estos espacios operan en la opacidad.
Apuntó que la propia dependencia estatal tiene detectados focos rojos donde se sospecha que células delictivas recurren al aislamiento de estos centros para evadir la justicia.
“Estos centros de rehabilitación no pueden ser espacios de violencia o de crimen. Esta reforma que se presentó protege la vida, la dignidad y la seguridad de las personas, y pone en orden donde hay algunos centros que ya se tienen bien identificados”, comentó.
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Precisó que esta propuesta cuenta con el respaldo y ha sido una solicitud expresa por parte del titular de la SSP, el vicealmirante Francisco Sánchez González, producto de las mesas de seguridad que sostienen todos los días.
Actualmente, la ley limita las inspecciones a estos recintos únicamente en el ámbito de la salud y la higiene, dejando la responsabilidad en manos de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios (DPRIS).
Por su parte, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local, Pável Gaspar Ramírez, manifestó estar a favor de que exista una regulación y una supervisión mucho más estricta sobre los centros de rehabilitación.
Sin embargo, adelantó que el dictamen no será aprobado fast-track y que su discusión se mantendrá en comisiones hasta que se organicen y celebren foros de consulta ciudadana para analizar a fondo la propuesta.
Gaspar Ramírez aclaró que el objetivo de la iniciativa no debe malinterpretarse ni derivar en el cierre de anexos bajo sospechas generalizadas de uso ilícito.
Editor: César A. García
