El gobernador Miguel Barbosa Huerta aseveró que en su administración no existen “padrinazgos políticos” y que si un alcalde está vinculado a actividades ilícitas se aplicará la Ley.
Lo anterior, al señalar que la detención del edil de Quecholac, José Alejandro Martínez Fuentes, no es un asunto de persecución política, sino que deriva de investigaciones de la FGE de Puebla por vínculos con grupos delictivos de la región, pues es pariente del presunto líder huachicolero Antonio Martínez alias “El Toñín”.
Indicó que el munícipe que fue reelecto por la población para el periodo 2021-2024 tendrá que acreditar su inocencia.
Subrayó que su gobierno no protege a nadie, al referir que el edil de Ajalpan, Ignacio Salvador Hernández, está prófugo de la justicia ya que es investigado por nexos con el crimen organizado, además que hay otros que están presos por manejos administrativos irregulares, como Felipe Patjane Martínez, exedil de Tehuacán.
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Respecto a la manifestación que pobladores de Quecholac realizarían frente a Casa Aguayo, Barbosa Huerta sentenció que los asuntos legales no se arreglan saliendo a la calle ni tapando carreteras, pero dijo que su gobierno nadie lo presiona.
Asimismo, comentó que espera no actúen con violencia y sostuvo que su administración no acepta condicionantes, pues refirió que hay dos mujeres incitando a los pobladores.
Agregó que en Puebla se aplica la ley, se respetan derechos humanos, y no se admite la simulación, por lo que no está dispuesto a aceptar que la sociedad tenga algún tipo de desviaciones como la defensa de presuntos criminales.
Por último, el titular del Ejecutivo indicó que conoce qué alcaldes están coludidos con la delincuencia y aseveró que nunca será “cómplice” de ningún delincuente.
