Una demanda presentada por la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) junto con siete fiscales estatales acusa a Live Nation Entertainment y Ticketmaster de usar un sistema ilegal para comprar y revender boletos. El gobierno sostiene que ambas empresas colaboraron con revendedores para acaparar grandes cantidades de entradas con bots y luego venderlas a precios mucho más altos, perjudicando a los fanáticos y a los artistas.
El documento legal describe varias prácticas engañosas. Primero, Ticketmaster permitía la compra masiva de entradas con software automatizado, que esquivaba los límites de compra establecidos. Después anunciaba precios bajos para atraer a los compradores, pero al llegar al momento de pagar aparecían cargos ocultos por servicio, procesamiento e instalación que podían incrementar el costo final entre un 30 por ciento y un 44 por ciento.
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Según la FTC, esos costos extras no aparecían en el precio inicial. Entre 2019 y 2024, los fans gastaron más de 16 mil 400 millones de dólares solo en tarifas ocultas, y alcanzaron 82 mil 600 millones de dólares en compras totales de boletos a través de Ticketmaster, que controla cerca del 80 % del mercado de venta primaria de conciertos en Estados Unidos.
La demanda se presentó en un tribunal federal de California y también en Florida, Illinois, Nebraska, Tennessee, Utah y Virginia. Este caso se suma a una investigación del Departamento de Justicia iniciada en 2024 por sospechas de monopolio contra Live Nation. Así, Ticketmaster enfrenta hoy un panorama legal mucho más complejo.
Como parte de la demanda, la FTC pide que Ticketmaster detenga el uso de bots para bloquear compras masivas y garantice que se respeten los límites de venta impuestos por los artistas. También reclama la devolución de dinero a los consumidores afectados y multas significativas si se comprueba el fraude.
Se esperan audiencias preliminares en las próximas semanas. De confirmarse las prácticas denunciadas, el tribunal podría ordenar a Ticketmaster modificar su sistema de venta y adoptar medidas de transparencia en los precios.
