Antes de cerrar la LXI Legislatura, el Congreso de Puebla concretó la aprobación de la “Ley Carpi”, a fin de que las personas que sean víctimas de hechos delictivos reciban atención médica gratuita, inmediata y permanente en Puebla.
Durante la última sesión extraordinaria que se llevó a cabo para la aprobación de reformas, las diputadas y diputados locales avalaron por unanimidad de votos distintas modificaciones a la Ley Estatal de Víctimas.
Lo anterior, para establecer que el Estado está obligado a garantizar asistencia, atención, protección, rehabilitación, servicios médicos, psicólogos, psiquiátricos y odontólogos a víctimas de delitos.
Además, se establece que la atención deberá efectuarse en un plazo no mayor a cinco días, mientras que los casos que sean considerados de urgencia deberán atenderse de forma inmediata.
La propuesta presentada por el diputado local del PAN, Oswaldo Jiménez López, surgió a raíz del caso del activista Felipe Carpinteyro, quien el 1 de junio del 2022 fue víctima de un asalto en el que recibió tres impactos de arma de fuego.
Las heridas le ocasionaron múltiples complicaciones médicas que, entre otras cosas, provocaron que perdiera la movilidad de sus piernas de forma permanente, por lo que ahora permanece en una silla de ruedas.
El legislador Miguel Espinosa de los Monteros –suplente de Oswaldo Jiménez y quien le dio seguimiento a la iniciativa– resaltó que el Estado no dejará desamparada a ninguna persona que sufra las consecuencias de la inseguridad.
La “Ley Carpi” fue aprobada entre aplausos, en presencia de Felipe y su familia, que a lo largo de dos años han tenido que costear alrededor de 30 mil pesos mensuales para tratamientos médicos y rehabilitación.
Editor: Renato León Aranda
