La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla, Rosa Isela Sánchez Soya, confirmó que el organismo no interpuso ninguna acción de inconstitucionalidad ni emprendió acciones contra la Ley de Ciberasedio.
Al comparecer ante la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado este jueves, la titular fue cuestionada por diputadas del PRI y PAN sobre la falta de intervención ante la polémica ley que fue aprobada en julio del 2025.
Al respecto, explicó que, inicialmente, la CDH consideró impugnar el artículo 480 del Código Penal porque no era preciso e incumplía con el principio de taxactividad, lo que podría derivar en interpretaciones ambiguas.
Sin embargo, afirmó que, tras la realización de foros ciudadanos y ajustes en la redacción por parte del Poder Legislativo, el organismo desistió de promover alguna acción de inconstitucionalidad para anular el delito de ciberasedio.
Para Sánchez Soya, el Congreso local logró que el tipo penal fuera “preciso y estricto”, cumpliendo con el principio de taxactividad, es decir, de claridad absoluta en la descripción del delito.
“Decidimos no hacerlo porque comentamos nos basamos en el principio de taxactividad, que es un principio que exige a legislador que las leyes penales describen de modo preciso y estricto las conductas delictivas”, comentó.
#Puebla 💬 Durante su comparecencia ante el @CongresoPue, la titular de la @CDHPuebla, Rosa Isela Sánchez Soya, admitió que el organismo no ha promovido ninguna acción de inconstitucionalidad ante la SCJN en el último año.
— Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) January 29, 2026
En el caso de la Ley de Ciberasedio, apuntó que… pic.twitter.com/u7IBf6SubK
A diferencia del organismo estatal, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sí promovió una acción de inconstitucionalidad contra la ley poblana ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Hasta el momento, ciudadanos han logrado obtener cuatro amparos para no ser procesados bajo este tipo penal, evidenciando dudas sobre su constitucionalidad en tribunales federales.
La ombudsperson también informó que durante el 2025 recibieron 8 mil 563 quejas en contra de diferentes entes gubernamentales, de las cuales, 634 quejas fueron en contra de centros penitenciarios.
En este sentido, precisó que 258 quejas corresponden al penal de San Miguel, seguido de 117 en contra del penal de Ciudad Serdán y 67 contra el penal de Tepexi de Rodríguez.
Asimismo, emitió 8 medidas cautelares sobre la empresa Agua de Puebla por la deficiente prestación del servicio y una recomendación más al Ayuntamiento de San José Miahuatlán.
Editor: Renato León
