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martes, mayo 12, 2026
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Buscan sancionar con severidad la usurpación médica en Puebla

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La iniciativa propone sanciones económicas y prisión contra la usurpación médica. / Foto: Envato (Ilustrativa).

El diputado Elpidio Díaz Escobar, coordinador del grupo legislativo de Fuerza por México en el Congreso del Estado, presentó una iniciativa para tipificar el delito de usurpación de la profesión médica en Puebla.

La propuesta busca sancionar con severidad a aquellas personas que realicen actos médicos, cirugías o tratamientos especializados sin contar con el título y la cédula profesional correspondientes.

La iniciativa de decreto propone adicionar el artículo 243 bis al Código Penal del Estado. De ser aprobada, las sanciones para quienes se ostenten como médicos o especialistas sin serlo serían las siguientes:

  • Prisión: De uno a siete años de cárcel.
  • Multa económica: De mil a 3 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Estas penas aplicarían a cualquier persona que, sin la documentación expedida por la institución educativa adecuada, ejerza funciones propias de un médico, realice cirugías o se promocione como especialista ante la ciudadanía.

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En la exposición de motivos del documento, el legislador subraya que la salud es un derecho humano interrelacionado con el derecho a la vida y la integridad personal.

En ese sentido, argumenta que la práctica médica por parte de personas no capacitadas representa un riesgo inminente y, en muchos casos, daños irreversibles para los pacientes poblanos.

“Se impondrán estas penas a quien realice funciones o actividades propias de esa profesión o especialidad sin contar con título y cédula profesional”, destaca el texto de la iniciativa.

Esta propuesta surge en un contexto donde se han detectado casos de clínicas estéticas y consultorios que operan bajo la ilegalidad, poniendo en peligro la vida de las personas mediante procedimientos quirúrgicos realizados por personal no acreditado.

La iniciativa fue presentada ante la Comisión Permanente y fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su análisis y dictaminación.

Editor: César A. García

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