El Gobierno de Brasil anunció que comenzará un proceso para embargar bienes de las plataformas de apuestas que operan de manera ilegal en el país. La medida reforzará las acciones contra las empresas que ofrecen sus servicios sin autorización y que incumplen con las normas establecidas por las autoridades.
La Abogacía General de la Unión (AGU) informó que las acciones judiciales estarán dirigidas a recuperar recursos y responsabilizar a las compañías que funcionan al margen de la ley. El organismo señaló que estas plataformas generan perjuicios económicos y representan un riesgo para los consumidores.
Las autoridades brasileñas indicaron que la iniciativa contempla el congelamiento de bienes y otros activos pertenecientes a las empresas involucradas. Con ello, el gobierno pretende impedir que continúen obteniendo ganancias mientras enfrentan los procedimientos legales correspondientes.
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Block para o jogo ilegal! ✋🚫
— Lula (@LulaOficial) June 19, 2026
Ao lado do ministro da Fazenda, Dario Durigan, e do ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, assinei hoje uma nova medida que garante o bloqueio de recursos financeiros de empresas ilegais de apostas.
Com a nova Lei… pic.twitter.com/e1t5xD7goA
La decisión forma parte de una estrategia más amplia impulsada por el Ejecutivo para regular el mercado de las apuestas deportivas y los juegos en línea. Brasil ha endurecido la supervisión sobre este sector con el objetivo de combatir las operaciones irregulares y fortalecer los mecanismos de control.
Además de las acciones legales, las autoridades han promovido campañas para alertar a la población sobre los riesgos asociados con las plataformas no autorizadas. El gobierno busca garantizar que las empresas que operan en el país cumplan con las obligaciones fiscales y las normas de protección a los usuarios.
Con estas medidas, Brasil pretende incrementar la vigilancia sobre el sector y limitar la actividad de las casas de apuestas ilegales. Las autoridades reiteraron que continuarán utilizando los instrumentos legales disponibles para combatir este tipo de operaciones y proteger a los consumidores.
Editor: Diego González
