La titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Amanda Gómez Nava, indicó que desde 2022 presentó una excusa para no hablar u opinar sobre cualquier tema que tenga que ver con el Gobierno de Puebla, en particular sobre los 18 meses de su gestión como secretaria de la Función Pública.
Con ello, la auditora descartó la posibilidad de ser citada por el Congreso de Puebla para comparecer por el daño patrimonial al Estado por más de mil 300 millones de pesos durante la administración barbosista, como han solicitado diputados locales del PAN.
En entrevista, argumentó en junio de 2022 se publicó en el Periódico Oficial del Estado (POE) un acuerdo de la ASE en donde se excusó de intervenir de cualquier forma en los asuntos de los que tuvo conocimiento o participación cuando fue titular de la Secretaría de la Función Pública (SPF), es decir, de octubre de 2020 a mayo de 2022.
“En el comunicado está la excusa por la cual no puedo opinar, supervisar, auditar ni cualquier tema que tenga que ver con el Ejecutivo en el tiempo en el que yo fui secretaria de la Función Pública (…) No puedo opinar al respecto porque la ley me lo impide a través de ese comunicado“, declaró.
En el documento se señala que se delegan las atribuciones necesarias para atender dichos asuntos al titular de la Auditoría Especial Forense del organismo fiscalizador.
Hay que mencionar que el 11 abril de 2023, la exsecretaria de Finanzas, María Teresa Castro Corro dio a conocer el depósito de más de 600 millones de pesos realizado en 2021 en Accendo Banco, institución que meses después se declaró en quiebra, por lo que dicho monto no ha sido recuperado por la administración estatal.
Asimismo, el 27 de julio de este año, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina reveló un adeudo de 722.3 millones de pesos con el SAT, debido a que la administración de Miguel Barbosa Huerta no calculó correctamente el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR), correspondiente a los Ejercicios Fiscales 2019 y 2020.
Por: Alejandra Olivera
Editor: Guillermo Leal
