El gobernador Alejandro Armenta Mier instruyó que se retomen las carpetas de investigación sobre el hoyo financiero de Banco Accendo, así como por las obras del Museo Barroco y el Teleférico, para que se actúe y sancione a los responsables, que sigan vivos.
En conferencia de prensa, el mandatario señaló que su administración está revisando qué hacer con el Teleférico instalado en la zona de Los Fuertes y que actualmente no opera, debido a que su mantenimiento representa un gasto mensual cercano al millón de pesos.
Informó que desmontar e instalar en otro sitio el Teleférico costaría al Estado 3.5 millones de euros y que para ponerlo a funcionar se tendría que pagar 1.2 millones de euros, lo que se traduce en más de 102 millones de pesos.
Por ello, solicitó a las Secretarías de Anticorrupción y Finanzas, así como a la Fiscalía de Puebla, iniciar una auditoría para que se actúe contra quienes sigan recibiendo beneficios por dicha obra, esto al referir que si fue hecho bajo un esquema financiero a 20 o 30 años implica un ingreso “mal habido” periódicamente a un grupo de personas.
“Vamos a ver quiénes son los cómplices y hay que actuar cero omisión porque es lo que tenemos que hacer, poner ejemplos para que no se repitan, no perseguimos ni somos omisos, y no son amenazas, es aplicar la Ley”, aseveró.
Señaló que cuando se dé la licitación del Cablebús solicitará a la empresa ganadora que ayude a la administración estatal con el traslado del Teleférico, para que el costo sea lo más barato posible, pues no caerá en prácticas de gobiernos anteriores, que inflaban los costos de obras.
“Si fuera como el (gobernador Rafael Moreno Valle) de esas épocas pensaría que en lugar de 3.5 millones de euros vamos a ponerle que cueste 5 o 10 millones de euros, así le pensaban: ‘métele más, hasta donde dé, hasta donde aguante’. Así piensan los corruptos y los depredadores presupuestales”, expresó.
Asimismo, destacó que deben retomarse las investigaciones sobre los actos de corrupción en la construcción del Museo Barroco, y sobre la inversión fallida -en la gestión de Miguel Barbosa- por 600 millones de pesos en Banco Accendo, antes de que la institución se declarara en quiebra.
En ese sentido, dijo que trabaja en la elaboración de la “Ley Antimoche-Antimilpa” para que los futuros mandatarios estatales no lleguen pensando en qué se van a llevar por cada peso que ingrese a Puebla.
“Vamos a amarrarlo bien constitucionalmente para que sepan que tienen que venir a servir no a servirse, no estar pensando cuánto les va a dejar una obra para regularizar los donativos con causa social”, apuntó.
En tanto, afirmó que su administración está siendo cuidadosa sobre las obras que ejecutará, las cuales no serán un “capricho” ni llevarán su nombre o iniciales ocultas, como ocurrió en los puentes atirantados construidos en el morenovallismo.
Editor: César A. García
