Seis funcionarios municipales de Izúcar de Matamoros fueron vinculados a proceso por los delitos de abuso de autoridad y tortura en contra de las periodistas Natalie y Michelle Hoyos López, sin embargo, la jueza decidió que no fueran a prisión preventiva y se mantienen en funciones en el Ayuntamiento.
En entrevista con Michelle, explicó que fueron cinco policías municipales así como un juez calificador, a quienes les dictaron medidas cautelares como no acercarse a las víctimas y no salir del país, a pesar del riesgo que corren.
Lo anterior durante audiencia inicial en contra de dichos servidores públicos, a cinco meses de haberse judicializado el caso y llevado por la Fiscalía General de la República.
No obstante, para ella y su hermana que los elementos policiales no se separen del cargo significa una amenaza más a su integridad, pues recordó que en medio de la investigación, Socorro N., una de las testigos de la agresión contra ellas ocurrida en 2023, fue asesinada este año.
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“No me siento plenamente tranquila por diversos factores, nuestros agresores desde el primer momento que son los que se involucraron la noche del 10 y 11 de marzo, los policías y el juez calificador siguen en plenas funciones, el poder patrullar, poder acudir, y poder portar y usar un arma, en relación con su labor (…) sabemos que puede atentar con nuestra integridad, pues sí es preocupante”, dijo.
Michelle lamentó que la presidenta municipal, Irena Olea Torres, –quien también es investigada– no despidió a los elementos municipales desde que fueron denunciados por reprimir a las también activistas, lo cual reiteró que es un riesgo que se mantengan en sus puestos actuales.
Recordó que es periodista y ejerce su profesión en la zona de la mixteca, a pesar de los protocolos y medidas de protección que le han brindado en el gobierno federal, no garantizan su vida.
Denunció que a lo largo de los 16 meses que han transcurrido tras la agresión sufrida, las han intentado amedrentar y agotar con situaciones para evitar que continúen con el proceso en contra de los funcionarios municipales agresores.
Esto, ya que a personas cercanas a ambas las han acosado, además del asesinato producto de una agresión directa contra Socorro N. una de las testigos protegidas sobre el caso contra los funcionarios municipales.
Además de esta causa penal, hay otro proceso abierto contra 11 funcionarios municipales vinculados a proceso por ocultar las agresiones en contra de las activistas y periodistas, entre ellos el síndico municipal.
Editor: Renato León Aranda
