El Tribunal Supremo del estado de Arizona prohibió el aborto en casi todos los casos al recuperar una ley impugnada de 1864, que ilegaliza dicho procedimiento, excepto en aquellos casos en los que abortar salva la vida de la persona gestante.
La más alta instancia judicial de Arizona falló contra el aborto, con penas de hasta cinco años de prisión por incumplimiento, después de que en 2022 el entonces gobernador republicano, Doug Ducey, firmara ya una ley que prohibía el procedimiento después de las 15 semanas de embarazo.
En 1971, la asociación Planned Parenthood, en favor de los derechos reproductivos y que ofrece abortos, demandó al estado y consiguió acabar con la ley de 1864, puesto que un juez falló a su favor, pero ahora la situación volvió a cambiar.
El Supremo falló a favor del obstetra Eric Hazelrigg, quien junto al fiscal del condado de Yavapai, Dennis McGrane, intervino en la defensa de la ley de 1864. Hazelrigg dirige una red de centros de crisis del embarazo, instalaciones donde se aconseja a las mujeres embarazadas que no aborten.
“En ausencia del derecho constitucional federal al aborto, no hay ninguna disposición en la ley federal o estatal que prohíba (la ley de 1864) su aplicación. En consecuencia, (la ley de 1864) es ahora aplicable”, sentenció el juez de la Corte Suprema de Arizona John R. López IV.
De esta forma, Arizona se une a los casi dos docenas de estados que han prohibido y restringido el acceso al aborto desde que el Tribunal Supremo del país tumbó en 2022 la sentencia Roe v. Wade, que protegía el aborto a nivel federal.
La reciente decisión llegó en medio de la campaña electoral para las elecciones presidenciales de Estados Unidos del próximo noviembre, en la que el aborto es uno de los asuntos más controvertidos y las encuestas indican que una mayoría de estadounidenses se oponen a la prohibición del procedimiento.
Por otro lado, el fiscal general de Arizona, Kris Mayes, calificó dicha sentencia de “desmesurada” y considera que “afrenta a la libertad”: “No nos equivoquemos, al anular una ley aprobada este siglo y sustituirla por otra de hace 160 años, el Tribunal ha puesto en peligro la salud y la vida de los ciudadanos de Arizona”, aseguró.
