Durante la sesión ordinaria de la LXII Legislatura del Congreso del Estado, se presentaron diversas iniciativas para modificar el Código Penal y otras leyes, con el objetivo de fortalecer la protección de derechos y mejorar la justicia en Puebla.
El diputado José Miguel Trujillo de Ita propuso incluir como agravante en el delito de falsedad de declaraciones aquellas conductas que obstaculicen el régimen de visitas entre menores y sus progenitores, así como imputaciones falsas sobre obligaciones alimentarias. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.
Asimismo, el diputado Jaime Alejandro Aurioles Barroeta planteó reformar el delito de feminicidio para incluir razones de género como misoginia y odio hacia las mujeres.
Por su parte, Óscar Mauricio Céspedes Peregrina presentó una iniciativa para tipificar el delito de usurpación de identidad, estableciendo sanciones y mecanismos de persecución.
La diputada Xel Arianna Hernández García propuso tipificar el delito de cohabitación forzada para prevenir matrimonios forzados en menores y personas incapaces de consentir.
Nayeli Salvatori Bojalil presentó una iniciativa para proteger a profesionales de la comunicación contra la discriminación y vulneración de derechos laborales por el uso de inteligencia artificial.
Estas propuestas, junto con la iniciativa de Leonela Jazmín Martínez Ayala para crear un protocolo estatal de identificación temprana de víctimas de trata de personas, fueron turnadas a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.
En materia de seguridad pública, la diputada Elvia Graciela Palomares Ramírez propuso crear un fondo de becas para hijos de policías en activo y fallecidos en cumplimiento de su deber. Además, Andrés Iván Villegas Mendoza presentó iniciativas para garantizar la paridad de género en la contratación de personal de seguridad pública y privada. Ambas propuestas fueron enviadas a la Comisión de Seguridad Pública.
Finalmente, José Miguel Trujillo de Ita propuso armonizar el Código Civil con el Código Nacional de Procedimientos Penales, sustituyendo el término “auto de formal prisión” por “auto de vinculación a proceso”.
