El gobernador Miguel Barbosa Huerta consideró que los integrantes del Poder Judicial de Puebla tienen salarios “muy bajos” y que esto podría orillarlos a cometer situaciones “indeseables” en cuanto a la impartición de justicia.
Señaló que frente al Poder Judicial de la Federación, los magistrados y jueces de Puebla están “mal pagados”, pues estimó que un juez gana 40 mil pesos al mes.
Además reconoció que se debe mejorar la seguridad social y la pensión que reciben, pues hay jueces que reciben 4 mil pesos mensuales al jubilarse.
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Consideró que lo anterior es parte del problema de corrupción y tráfico de influencias en el Poder Judicial; agregó que cuando ocurre un acto de injusticia éste tiene consecuencias inmediatas, ya que agravia al que recibe el acto particular, e indigna a toda la sociedad, “ver salir de la cárcel a un delincuente a todos nos duele”.
“Un juez gana 40 mil pesos, no sé si eso sea justificación, pero sí orilla a situaciones indeseables, esa parte la veo como débil, deben haber mayores y mejores finanzas”, acotó.
Por ello mencionó que su administración está haciendo esfuerzos para destinar más recursos al Poder Judicial, muestra de ello es el aumento presupuestal en el ejercicio fiscal de 2022 que ha permitido la construcción de Casas de Justicia.
Los pillos se fueron de mi gobierno: Barbosa
En ese contexto, refirió que dentro de su gobierno hay varias personas bajo investigación, pues a diferencia de exgobernadores, él sí hace una revisión permanente del funcionamiento de la administración estatal, porque hay personas que entraron pensando que es el momento de enriquecerse.
Aseguró que los funcionarios públicos que cometieron alguna anomalía ya salieron del gobierno de Puebla.
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Cabe mencionar que en el gabinete estatal ha habido relevos en las secretarias de Gobernación, Administración, Transporte, del Trabajo, Infraestructura, Cultura, entre otras; destaca la detención y vinculación a proceso de Guillermo Aréchiga, ex secretario de Movilidad y Transportes, por el delito de ejercicio indebido de funciones, al firmar un convenio sin un acuerdo previo.
El exfuncionario fue detenido el pasado 1 de marzo, fecha desde la que permanece en el penal de San Miguel, pues inicialmente fue señalado de corrupción, al presuntamente vender concesiones del transporte público y equipamiento de seguridad para las unidades.
Por Alejandra Olivera
Editora: Brenda Balderas
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