El activista Renato N. fue liberado al mediodía de este jueves, tras la solicitud de la Secretaría de Gobernación (Segob) de Puebla a la Fiscalía General del Estado (FGE), para que revisara de forma exhaustiva el proceso y se le otorgara la medida cautelar de arraigo domiciliario.
Horas antes de la liberación, el titular de la Segob estatal, Samuel Aguilar Pala, reconoció que la detención derivaba de un conflicto de carácter político y social, después de una serie de reuniones de las autoridades estatales con familiares del activista.
Por ello, pidió a la fiscal Idamis Pastor Betancourt que el caso del defensor de la cuenca Libres-Oriental se adhiera al mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos.
El secretario explicó que dicho mecanismo opera a nivel federal, pero también se vincula con entidades federativas como Puebla, para reforzar la protección a personas que, en virtud de su trabajo, están relacionadas con la defensa de los derechos de otras personas.
Añadió que entre los propósitos de dicho mecanismo, está el de emitir la recomendación para garantizar la seguridad e integridad física de las personas en riesgo.
Asimismo, fomentar la colaboración entre víctimas, organizaciones y autoridades, para fortalecer la defensa y protección de los derechos humanos.
“En ejercicio de los derechos humanos que asisten a todo ciudadano mexicano, y considerando la importancia de garantizar la justicia y la equidad en el proceso, solicitó a la fiscal Idamis Pastor Betancourt que revise exhaustivamente el proceso seguido contra Renato Romero Camacho”.
Alrededor del mediodía, el activista salió del Cereso de Cholula, donde se encontraba desde el pasado martes, cuando fue detenido al ser señalado de los delitos de daño en propiedad ajena y despojo agravado, por lo que el gobernador Alejandro Armenta Mier, señaló que se trataba de un asunto entre particulares.
Por su parte, Agua de Puebla confía en que las autoridades resolverán el caso relacionado con los hechos ocurridos el 28 de mayo en San Miguel Xoxtla; el consorcio aseguró que defenderán sus derechos y los de las familias afectadas, sin emitir más declaraciones conforme a las diligencias correspondientes.
Editor: César A. García
